El expediente Libertad pone en evidencia a una red internacional que llegó a manejar a 160 mujeres, en su mayoría captadas para la organización en Punto Fijo, estado Falcón

Por: El Espectador de Caracas con información de Crónicas del Caribe

El 25 de septiembre de 2018, un hombre se acercó a la policía de Curazao para denunciar un hecho que, aparentemente, lo había conmovido.

Según su relato, la semana anterior estuvo en un restaurant de Willemstad conocido porque la atención a los clientes está a cargo de las llamadas “trago girls” venezolanas.

“Como a las 10 pm me salió una de las ‘trago’ venezolanas. Me preguntó si podía hacerle un favor comprándole comida porque tiene hambre. Me explicó, además, que no tiene dinero, por lo que ella misma no puede comprar alimentos”, dijo.

Gracias a esta joven, el cliente supo que la jefa del establecimiento no daba de comer a las mujeres, sino que ellas debían costearla acudiendo a locales cercanos o a la pensión donde se alojaban (propiedad del mismo grupo) para obtener algún platillo.

Como el centro nocturno y el resto de la edificación están sembrados con cámaras y micrófonos, la mujer prefirió pautar una cita con este mismo individuo para el día siguiente, en una calle cercana de la capital curazoleña. Entonces, le explicó las condiciones de explotación a las que estaba sometida, junto con un grupo de venezolanas.

Con esta información, se dio inicio a un expediente conocido como Libertad, que hasta la fecha ha permitido el encausamiento de siete personas, tanto venezolanas como antillanas, y el desmantelamiento de una red que, según cálculos de los propios investigadores, llegó a manejar 160 prostitutas y “trago girls” en apenas un año y medio.

Empujadas por la crisis

Algunas mujeres eran captadas por esta organización en Punto Fijo (estado Falcón), otras en Caracas. No se trataba solamente de personas humildes. Entre las víctimas se cuentan profesionales universitarias, licenciadas en Contaduría, ex empleadas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), enfermeras, criminólogas…

“En Venezuela fui asistente administrativa. Tengo una licenciatura en Administración. También trabajé como gerente en un gran supermercado. Ahora he venido a trabajar porque la situación está mal en Venezuela. Me ofrecieron un trabajo en Curazao como camarera”, relató una de las venezolanas a la policía.

Cuando las mujeres eran reclutadas en Falcón, les aseguraban que apenas llegar a la isla firmarían un contrato de trabajo, como meseras de un snack bar. Pero esto nunca sucedía.

Mientras tanto, todas las discusiones se centraban en la forma como viajarían de Venezuela hasta la antilla. Si estaban en el occidente del país, podían ir por Las Piedras. Cuando se cerró esa ruta, debían trasladarse a Maiquetía.

De acuerdo con los testimonios, poco antes de entrar al avión una venezolana operadora de la red, conocida como Leidys, les entregaba lo suficiente para completar 1.000 dólares en efectivo. Esta cantidad es exigida por los oficiales de Inmigración a las venezolanas que dicen ir a la isla con propósitos de turismo. Ese dinero debía ser devuelto a otros integrantes de la organización apenas salían del aeropuerto internacional Hato de Willemstad.

A las mujeres, además, les hacían reservaciones en un hotel tres estrellas de la capital curazoleña, Green Hill. Todo esto para cubrir los formalismos ante las autoridades en el aeropuerto. Algunas de ellas ni siquiera llegaban a conocerlo. En el camino, eran distribuidas entre cuatro casas, ubicadas cerca de los bares donde iban a laborar.

El traslado desde el terminal aéreo a la ciudad era hecho por un oficial de policía curazoleña, miembro de la organización, reconocido pues conducía un Kía Río dorado.

En Willemstad, la persona encargada de manejar directamente al grupo de mujeres inmigrantes era otra venezolana. Aunque la mayoría de los nombres y empresas involucradas en la estructura delictiva han sido borrados, en atención a una norma legal conocida como “anonimización”, en el acta policial de un allanamiento la identificaron como Yajaira Izquel.

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