El Ministerio Público se pronunció este viernes para dar avances sobre el caso del cantante Tirone José González Orama, mejor conocido por su nombre artístico, Canserbero. En ese contexto, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab aseguró que tras las investigaciones realizadas quedó 100 por ciento descartada la hipótesis de que se trata de un homicidio-suicidio.”Los últimos hallazgos nos hacen revelar la tesis del homicidio – suicidio y se está imponiendo la tesis del asesinato por motivos económicos en contra de Tirone”, manifestó.

Durante la rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, informó que en estos momentos están siendo imputados los hermanos Améstica ante el Tribunal 2° Control del AMC y agregó que en el crimen pudieron haber participado hasta seis personas. “Hemos creído pertinente dar esta rueda de prensa mientras ocurre algo trascendente como la imputación de Natalia y Guillermo Améstica luego de reaperturado el caso sobre las muertes de Tirone González y Carlos Molnar. Intuimos que en estos sucesos pudieron haber participado hasta seis personas. Ya tres fueron identificadas; y otras tres quedarían pendientes por descubrirse”, sostuvo.

Precisó que los delitos imputados fueron homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio de Canserbero y Molnar, además de simulación de hecho punible y agavillamiento.

Recalcó además que ya fueron revocadas las medidas de arresto domiciliario ante el riesgo de fuga de los implicados.

Otro de los imputados es el ciudadano Marcos Pratolongo por los mismos delitos, y el motivo habría sido por razones económicas. 

“Canserbero tenía preparada una gira e iba a lanzar su primer disco comercial, pues los dos anteriores habían sido grabados de forma independiente, e iba a lanzar su primer disco comercial, pues los dos anteriores habían sido grabados de forma independiente”, dijo.

“Intentaron sabotear la reapertura y cerrar el caso imputando a Tirone González como el autor de los hechos. El tribunal correspondiente no se pronunció y nosotros solicitamos, primero como Defensor del Pueblo y ahora como Fiscal General, que estas personas sean privadas de libertad en la sede del (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) Conas”, apuntó.

Más información en El Universal

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