El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, comunicó este jueves a Reino Unido la decisión de poner fin al «Pacto Foradori-Duncan» de 2016 sobre las Islas Malvinas.

«Lo hice en reunión con el secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, en la Cumbre de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, India», escribió Cafiero en Twitter.

Cafiero propuso una reunión entre ambos países en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para poner en marcha la «discusión por la soberanía».

«La Argentina cumple de esta manera con el mandato de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Honramos el compromiso del presidente Alberto Fernández y de nuestro gobierno de sostener a la Cuestión Malvinas como una política de Estado», afirmó.

El polémico acuerdo fue firmado en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido, Alan Duncan, en la embajada británica en Buenos Aires.

«Uno de los hechos más lesivos»

En un comunicado, la Cancillería de Argentina detalló que Buenos Aires ha buscado colaborar «en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, sin que la disposición demostrada haya sido respondida de manera recíproca».

Por el contrario, prosigue el texto, «el Reino Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina».

Asimismo, Cancillería consideró el pacto como «uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas». 

«Ese documento realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, incluso se hizo trascender como un ‘comunicado conjunto’ para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo», apuntó el texto.

Por tanto, añadió, se trata de un pacto con «características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales».

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