Bernardo Arévalo de León, líder del Movimiento Semilla, asume finalmente la presidencia de Guatemala este domingo. El camino hasta el Palacio Nacional no fue para nada fácil; inclusive.

La llegada de Arévalo al Ejecutivo deja en sus manos el destino del país, que hasta este 14 de enero estuvo a cargo de Alejandro Giammattei, en una gestión que se volvió famosa por los escándalos de corrupción y la persecución judicial contra sus rivales.

“Dejamos un mejor país del que encontramos” y nos vamos “con la frente en alto”, aseguró Giammattei el viernes al entregar el balance de su mandato, omitiendo todas las maniobras que la Fiscalía ordenó durante los últimos meses para evitar a toda costa la investidura de Arévalo.

El oficialismo guatemalteco, impulsado por la fiscal general Consuelo Porras y sus aliados, alegaron fraude electoral, buscaron retirar la inmunidad al presidente electo y hasta realizaron allanamientos en las sedes del partido y del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, todas sus acciones se toparon con una gran resistencia interna y con advertencias de la comunidad internacional, que descartaron cualquier tipo de duda sobre el 60% de votos que le dieron la victoria en el balotaje de agosto.

Dentro de Guatemala, las críticas surgieron principalmente entre las comunidades indígenas y en aquellos sectores que ven el traspaso de poderes como la culminación de la victoria de Arévalo y su lucha por la defensa de la democracia. Inclusive, estos grupos no dudaron en movilizarse ante el intento de “golpe de Estado” del Ministerio Público y permanecen desde hace más de 100 días frente a la sede de este organismo a la espera del traspaso de mando.

“Sabemos que las fuerzas oscuras de este país no están descansando, siguen insistiendo”, comentó esta semana el líder indígena Diego Santiago, que no descarta tener que mantenerse en la lucha.

Por su parte, organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos tuvieron otro de los roles clave en este proceso. Con envíos de misiones de observación, reuniones con el gabinete saliente y el entrante, y sanciones y retirada de visas a los actores señalados por corrupción, el pueblo guatemalteco los describió como “actores importantes en el elenco de esta obra que hemos llamado defensa de la democracia”.

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