En el circo venezolano los enanos no paran de crecer. Y cuando no es un episodio relativo a la pérdida de control territorial del Estado, los problemas sobresalen en el área de la carencia de servicios, combustible o alguna que otra medida arbitraria del gobierno en su no poco cuestionable manejo de la economía.
Hoy hablaremos de un tema que ha estado en boga en los últimos días: la vacunación. No es un secreto que el Estado venezolano ha tenido un manejo controversial del asunto. En lo personal, poco espero de las autoridades sobre su proceder en cuanto a las vacunas. Sería un auténtico milagro que desde el seno del poder pudiera desarrollarse algún tipo de solución que fuese eficiente y orientada al servicio del ciudadano. Del tal forma que en ausencia del milagro, desde el poder no puede sino preverse lo peor, que es en efecto lo que está sucediendo y la razón por la cual no sería atrevido afirmar que Venezuela, en estos momentos, se halla viviendo la peor fase del coronavirus, en gran parte por responsabilidad directa por las políticas desarrolladas por las autoridades. Ahora bien, ese es un tema trillado. Poco se habla, sin embargo, sobre el rol que puede tener el sector privado en el proceso de vacunación en Venezuela. Ante la imposibilidad, incapacidad o indiferencia –elija cualquiera de los tickets al respecto– que tiene el Estado para proceder a la vacunación de los venezolanos, el sector privado surge como una opción, para nada deleznable, a través de la cual se pudiera masificar el proceso de vacunación en Venezuela.
Los críticos de esta opción señalan que las empresas son incapaces de hacer llegar la vacuna a todo el país, porque esa es una responsabilidad que le compete al Estado venezolano, además de que se correría el riesgo de que la vacuna se transforme en un bien de mercado. Esto es, que la gente tenga que pagar para vacunarse, lo cual, dentro del contexto venezolano, lleno de pobreza y miseria, constituiría un auténtico problema, en adición a convertirse en una potencial herramienta de exclusión.
Al respecto, conviene hacer algunas reflexiones. La primera se relaciona con la distribución de la vacuna. Si bien las mismas tienen temas técnicos que deben tomarse en consideración (por ejemplo, cadena de frío y refrigeración), no es menos cierto que el Estado venezolano por sí solo no garantiza que se tenga la capacidad de tener estos medios técnicos por el solo hecho de ser el Estado. Más aún, hay empresas que muy probablemente tengan un know how más actualizado y eficiente en cuanto a rutas de distribución que las propias autoridades venezolanas.
En segundo lugar, en cuanto al tema de bienes de mercado, ya Fedecámaras ha dicho que las vacunas no estarían a la venta ni se comercializarían, sino que serían administradas sin costo a las personas, asumiendo dichos costos las empresas. Creemos que esta premisa muy probablemente se extendería a otras asociaciones gremiales y círculos empresariales e industriales, por lo que la ciudadanía no tendría que preocuparse sobre el precio de vacunarse.
En el otro lado de la moneda tenemos la situación actual. Pocas vacunas en el país, las cuales, en virtud de su escasa oferta, son administradas a pocas personas, con el inevitable incentivo perverso de favorecer a aquellos que se encuentran cerca del poder y, lo que es más irónico aún, con la potencial generación de un mercado negro de vacunas en el cual las personas –especialmente las que tienen medios para ello– pagan para vacunarse, precisamente lo que tanto se quiere evitar. De este modo, terminan por vacunarse los ricos y poderosos cercanos al poder, excluyendo a los pobres y más desfavorecidos. La eterna historia del socialismo real.
De forma tal que las empresas privadas pudieran contribuir –y así lo han manifestado– al proceso de vacunación. Falta, lamentablemente, la voluntad política de permitirlo. Si estuviera dentro del cálculo político facilitarlo, ya se habría hecho. ¿Cuáles son las razones que lo impiden? Lo desconocemos con certeza porque no nos encontramos cerca del poder. Tememos, sin embargo, que ello se deba a la preponderancia de gríngolas ideológicas que impiden actuar en la búsqueda del bienestar de los venezolanos.
Las mismas gríngolas que lamentablemente parecen haberse adueñado del timón de la política económica del país nuevamente (aplicación de controles de precio, fiscalizaciones arbitrarias, parálisis y retroceso del proceso de dolarización financiera, entre otros). Si todo ello no se contabilizara en vidas humanas y constituyera un mero ejercicio académico o retórico, no habría mayor trascendencia en el día a día. Pero no es así. Los minutos días pasan, y con ellos el país sufre su mayor derrota: la imposibilidad de realizarse por la barrera infranqueable de quienes tienen secuestrado el poder.
