La Asamblea Nacional (AN) está preocupada por siete de las 51 cárceles que existen en Venezuela. Un informe elaborado por la Comisión Permanente de Política Interior detalla que desde esos siete establecimientos carcelarios “se sabotean los esfuerzos del Gobierno Nacional para acabar con organizaciones delictivas, que buscan minar las bases de la nueva economía”.

Esas siete cárceles son: Internado Judicial de Aragua (Tocorón), Internado Judicial “José Antonio Anzoátegui” (Puente Ayala), Internado Judicial de Barinas (Injuba), Centro Penitenciario de Oriente (El Dorado), Internado Judicial de Monagas (La Pica), Internado Judicial de San Felipe (Yaracuy) e Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito).

La mayoría de esas cárceles tienen contactos con organizaciones delictivas de los estados donde están asentadas. Por ejemplo, desde Puente Ayala, organizan extorsiones en coordinación con las bandas de El Zorrito y Tren del Llano.

Los líderes negativos de la llamada “Cárcel de Tocorón” tienen células que bautizan con el nombre genérico de Tren de Aragua. Incluso el fiscal general, Tarek William Saab, dijo el pasado 11 de Julio que la organización Tren de Aragua fue la que proveyó los sicarios para el secuestro y asesinato de Carlos Lanz.

Y en la “Cárcel de La Pica” está un líder negativo, apodado Pedro El Rapidito, que organiza los actos delictivos a ejecutarse por sus células en municipios de Monagas. Pero además, tiene conexión con Héctor Guerrero Flores, líder negativo de la Cárcel de Tocorón.

Esa y otras situaciones fueron tratadas en una reunión que sostuvo la Comisión Permanente de Política Interior de la AN con la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio Penitenciario el jueves pasado, según lo difundido por la titular de esa cartera en su cuenta twitter.

De manera oficial, la Ministra comentó que la reunión se dio con el propósito de coordinar “acciones necesarias para seguir fortaleciendo el Sistema Penitenciario venezolano y la Revolución del Sistema Judicial”.

Como un tercer punto del encuentro, Contreras precisó que se definieron “acciones fundamentales para continuar garantizando DDHH de la población privada de libertad”.

Comisión Especial

La alusión a la “Revolución del Sistema Judicial” en uno de los tuit de la Ministra, recuerda la existencia de una Comisión Especial designada en junio del año pasado por el presidente Nicolás Maduro a sugerencia del Consejo de Estado, con tres fines específicos:

acabar con el hacinamiento en retenes policiales; agilizar los procesos penales de quienes están recluidos en cárceles y acometer cambios profundos en el Poder Judicial.

Esa Comisión Especial está presidida por los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores.

Entre Julio y Septiembre del año pasado, varias subcomisiones derivadas de esa Especial se constituyeron en centros de detención preventiva (retenes) y algunas cárceles del país.

Una vez concluido ese primer trabajo, el presidente de la Comisión Especial, diputado Diosdado Cabello, ofreció un balance ante la AN donde indicó que se habían otorgado 13 mil medidas cautelares sustitutivas a privados de libertad que presentaban algún tipo de retardo en sus procesos penales.

La reunión AN-Min Penitenciario del Jueves pasado apunta hacia la retoma de los trabajos a nivel de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial, entre otros.