Con el voto salvado de los partidos minoritarios y pese a las objeciones de la Procuraduría Especial, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 aprobó un acuerdo que crea el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero.

Por: El Espectador de Caracas con información de Crónica Uno

Aunque el acuerdo no lo dice expresamente, por sus atribuciones parece que este Consejo viene a sustituir y ampliar las funciones que cumplía desde 2019 el Comisionado Presidencial para la Protección de Activos.

A finales del año pasado, Primero Justicia propuso crear un fideicomiso gerenciado por organismos internacionales que administrara los activos en el exterior hasta que volviera la democracia; sin embargo, este Consejo está muy lejos de esa propuesta. Veamos.

Como un ornitorrinco

Según el acuerdo aprobado en la sesión virtual de este martes por la Delegada, el Consejo estará adscrito a la Presidencia Encargada e integrado por tres miembros con una duración en el cargo de dos años –lo cual deja entrever que el gobierno encargado no prevé culminar sus funciones en el corto ni mediano plazo.

Los integrantes del Consejo para los Activos en el Extranjero, dice el documento deberán ser venezolanos, con estudios de cuarto nivel, mínimo 10 años de experiencia en las áreas relevantes según la empresa de que se trate, no tener conflictos de interés económico ni político y haberse desempeñado como director, alto gerente o consultor de empresas de prestigio.

Para escoger a los integrantes del Consejo, la Comisión Delegada contratará una empresa cazatalentos (aunque no tiene competencias para hacer contrataciones), que presentará a Juan Guaidó una terna de nombres y éste someterá el listado a la votación de la Delegada, que decidirá por el voto de dos tercios de sus integrantes.

El Consejo tendrá entre sus funciones:

• Supervisar y orientar a las juntas directivas ad hoc, proponer cambios en su composición y estatutos, acceder a toda la información financiera y operativa y “promover medidas estratégicas para la conducción de los negocios”.
• Diseñar estrategias legales para la protección y recuperación de activos en el extranjero y trabajar en esa materia con la Procuraduría Especial.
• Velar por la recuperación y protección de activos y la transparencia en el manejo de los mismos.

Las tareas inmediatas

Además, apenas instalado este Consejo, se le ordena cumplir con las siguientes tareas:

• Solicitar auditorías externas y supervisar las auditorías en marcha en las empresas recuperadas.
• Realizar una revisión exhaustiva de las juntas ad hoc y las juntas directivas de las empresas recuperadas y activos en el extranjero.
• Llevar a cabo la reestructuración de las juntas ad hoc para lo cual “serán ratificados o nombrados nuevos miembros en un plazo de 90 días”.
• A través de una empresa de cazatalentos que será contratada por la Comisión Delegada, el Consejo tendrá 60 días para presentarle a los diputados la lista de candidatos que cumplan el perfil para integrar las juntas ad hoc que corresponda. La Delegada decidirá sobre estos nombramientos.

El acuerdo aprobado este martes aclara que se ordena iniciar la “revisión y actualización de todas las juntas administradoras ad hoc y juntas directivas de las empresas del Estado y sus filiales”, excepto la del BCV ad hoc.

Asimismo, se ordena iniciar un proceso de evaluación de los activos en el extranjero recuperados y crear una comisión especial de seguimiento al cumplimiento del acuerdo (cuyos miembros no han sido informados).

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