La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, por unanimidad, la responsabilidad política del alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Rodríguez, por el desalojo ilegal de 11 familias campesinas en Villa Zamora I, en marzo pasado.

Por: El Espectador de Caracas con información de El Universal

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que la responsabilidad política también será aplicada a la fiscal 4° del Ministerio Público (MP), Norka Martínez; a la juez Tercera de Primera Instancia Estadal, Municipal y Penal en funciones de Control número 3 del Circuito Judicial Penal de Miranda, Jusbelys Carguaripano; la directora de la policía municipal, Neile Martínez y los funcionarios policiales José Romero Parica, Raúl Romero y Belkis Ramírez.

Asimismo, los directores de ingeniería y vivienda de la alcaldía, Carlos Carratu y Ebando Rodríguez, respectivamente; así como a los representantes de la empresa Guatire Textil C.A., principalmente, a Omar Sánchez, quien perpetró el hecho con la anuencia de los servicios públicos.

El presidente de la AN señaló que será remitió un oficio al Poder Moral para que establezcan las responsabilidades administrativas, civiles y penales de todos los señalados.

«Tenemos que comportarnos con la mayor severidad para que estos actos no se vuelvan a repetir», recalcó Rodríguez.

Agregó que el alcalde de Zamora actuó de forma «mafiosa», al considerar que convocó a los campesinos, y en paralelo la policía municipal «estaba tumbando sus casas».

«Es un político que debe ir preso porque cometió crímenes en contra de niños, niñas, abuelos y abuelas. ¡Tiene que ir preso! Sería una vergüenza que en un poco tiempo nos miramos en un espejo, y este señor siga siendo alcalde; sería una vergüenza que esa juez, esa fiscal y esa jefa de la policía no vayan presos, y que todos los derechos (de los afectados) no sean resarcidos. Tenemos que dar una lesión sin distinción política», asentó.

Con relación a la decisión, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Pedro Carreño, indicó que esta acción del Parlamento se ajusta a derecho, ya que las funciones de control están muy claras en la Constitución y leyes venezolanas, y los mecanismos para castigar este tipo de actos.

A cargo de la investigación, estuvo una comisión especial liderada por el diputado Ricardo Molina.

Por otra parte, Jorge Rodríguez propuso que está instancia siga funcionando para que atienda los casos violentos que se cometan en el territorio nacional.