Jueves 25 de noviembre de 2021
Pasada la elección del 21N, viene en Venezuela tres años en los cuáles no habría evento electoral alguno de carácter ordinario. Solo una circunstancia extraordinaria -revocatorio o elección presidencial anticipada por alguno de los motivos constitucionalmente establecidos que ocurriere a mas tardar el 10 de enero de 2023- lo originaría. Ante esa circunstancia es menester plantearse escenarios hacia el futuro.
Gonzalo Oliveros Navarro / @barraplural
SI por una parte avanza la posición de los abogados que, privilegiando su interpretación de la ley, exigen que el interinato continúe hasta que se produzcan elecciones presidenciales libres, la conflictividad interna persistirá hasta el año 2024, en tanto y en cuanto, a juicio de quienes esa posición comparten consideren que las que se celebren ese año, tengan ese carácter. Si no es así, la situación deberá mantenerse inalterable hasta que se cumplan las condiciones por ellos exigidas.
No discuto la legitimidad de la postura que presentan. Recuerdo solamente la definición de autoritarismo competitivo de Levitsky, referida a “regímenes autoritarios que conviven con la celebración de elecciones que, si bien son técnicamente correctas en la mayoría de los casos, carecen de las condiciones competitivas y de equidad así como de un árbitro imparcial e independiente, mas violaciones a las derechos humanos y ataque sistemático a la división e independencia de poderes”. Dificulto entonces que en un caso como ese, que refleja perfectamente a Venezuela, sea posible realizar las prístinas elecciones que legítimamente se exigen.
Guste a algunos o no, el pasado domingo 21, cuatro personas elegidas por los votos, se validaron como líderes de la parte del país que se opone a la gestión que se despliega desde el Palacio de Miraflores. La circunstancia de que esos negacionistas a quienes solo les gusta lo que proponen–por asunto de fe- no crean que el porcentaje real de abstención se acercó mas al habitualmente existente en dichos comicios (48%) y que los resultados anunciados no se compadezcan con sus expectativas, llevándolos al extremo de desconocer el papel de electores, miembros de mesa, testigos, funcionarios del CNE y observadores internacionales, no invalida lo ocurrido. Cuatro gobernadores de distintas fuerzas políticas, fueron elegidos contra viento y marea y uno de ellos, adicionalmente, con la mayor cantidad de votos que candidato alguno obtuvo en el evento –mas de medio millón de estos- les coloca a ellos como referencia nacional indubitable.
Esos gobernadores entran ahora al ruedo de la discusión o de la gestión. Decidirán ellos si se dedican a la diatriba diaria –privilegiando lo nacional- o a la gestión permanente enfocados en sus regiones respectivas en búsqueda de convertirlas en referencia de progreso para todos.
De ellos, si bien es cierto que uno dirigirá la parte del país que mas cantidad de turistas recibía en años anteriores –la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta- no es menos cierto que sobre quien estará fijada la atención es sobre el señor Rosales recién electo en el estado Zulia, no solo por la importancia de este sino por la circunstancia de haber sido él, en el año 2006, quien lideró el retorno de la oposición venezolana a las competencias electorales luego de la abstención general en las parlamentarias del 2005.
La actitud que desplieguen los gobernadores electos –repito, en especial el del estado Zulia- nos señalará a los venezolanos como habrá de desarrollarse la actuación de los actores políticos –y del país- en los meses por venir. Veremos entonces si será tiempo de confrontación permanente, como en años anteriores, o de búsqueda de consensos que permitan implementar la reinstitucionalización requerida en Venezuela y por tanto cambios profundos en el sistema hasta ahora imperante.
