Alberto Fernández, presidente de Argentina, aprovechó la visita de Estado de su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, para avanzar en el plan de blanqueamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. «Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo», aseguró el mandatario, quien citó como ejemplos los derechos humanos, las medidas electorales y la negociación. Nada más lejos de la realidad.
Por: El Mundo | Daniel Lozano
Como primer paso, el Gobierno argentino quiere recuperar el vínculo diplomático pleno con Caracas y que el resto de los países adopten la misma política. Actualmente, ambas embajadas están encabezadas por encargados de Negocios, pero funcionan casi con normalidad.
En principio, Lasso respondió de forma diplomática: «No estamos listos todavía para tomar una decisión, pero vemos con buenos ojos el llamado del presidente». Ecuador forma parte del núcleo duro que se opone a la revolución bolivariana en las organizaciones panamericanas.
Fernández preside actualmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que junto al Grupo de Puebla y aliados internacionales como el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero intentan minimizar los abusos y crímenes del chavismo. En paralelo, el Gobierno bolivariano puso en marcha el año pasado una campaña millonaria para imponer la tesis de que «Venezuela se arregló», en la que participan incluso opositores, periodistas e influencers sociales.
«Estamos viendo cómo, a partir de los acuerdos del Grupo de Contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral», subrayó Fernández. Una afirmación sorprendente: Venezuela cuenta con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que Maduro mantiene una mayoría que hace y deshace a su antojo. Así quedó confirmado durante las elecciones regionales en Barinas, ganadas en primer round por la oposición pero que el chavismo ordenó repetir por el simbolismo que tiene para sus seguidores la cuna natal de Hugo Chávez.
Para el segundo round inhabilitaron al ganador, a su mujer y a dirigentes opositores principales, para después forzar una campaña plagada de ventajismos y con presupuesto millonario enviado desde Caracas. Aún así perdieron.
Fernández tampoco «acertó» con la negociación en México, suspendida desde el año pasado por orden del jefe chavista.
«Si quiere ayudar a Venezuela, exija junto a nosotros elecciones libres y justas, con condiciones recogidas en el reciente informe de la Unión Europea, exija justicia para víctimas de derechos humanos que señala la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI). Negar la dictadura no ayuda a los venezolanos», enfrentó Juan Guaidó, presidente interino, al dirigente argentino.
Desde su llegada al Gobierno, Fernández se ha movido entre el negacionismo frente a los desmanes de las tres dictaduras del continente y algunas críticas leves, sobre todo en materia de derechos humanos. Tanto Maduro como sus principales generales son investigados por la CPI por crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen ejecuciones, torturas, violaciones sexuales, desapariciones y detenciones forzosas.
Tal y como recordó la organización Provea, sólo en el año pasado 1.414 personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y militares. Además, en las mazmorras de Maduro permanecen hoy 240 presos políticos, incluidos 130 militares y 14 mujeres, de ellas dos españolas.
La penúltima víctima de la dictadura se llama Lucila Mata y tiene 72 años. Un vídeo de humor en Tik Tok, en el que mientras cocinaba bautizó distintas arepas con nombres de dirigentes chavistas, le costó una orden de captura. La mujer fue obligada a grabar otro vídeo para disculparse con un texto que leyó al dictado y maniatada por los nervios. Su principal pecado fue denominar a una arepa viuda (sin relleno) con el nombre de la mujer de Maduro.
