Alberto Aranguibel
Un grupo de camaradas ha puesto era la calle una propuesta de rectificación económica compleja, que implica estudios técnicos y procesos de adecuación que, al decir de sus propios promotores, no es fácil de implementar en un escenario de guerra como el que hay hoy en el país.
Algunos voceros del proceso han contrapuesto observaciones y con ellas, una en particular, se ha desatado una polémica infernal que tiene al país sumido en un debate de hecho, ventilado principalmente por las redes sociales, en el que intervienen desde expertos del más alto calibre, hasta prestidigitadores de la más variada ralea. Pero muy fundamentalmente la gente del pueblo que clama por la superación de las hondas dificultades por las que atraviesan las venezolanas y los venezolanos a partir del deterioro de la capacidad adquisitiva del menguado salario del trabajador.
De un lado y del otro hay argumentos válidos que tendrían que ser procesados a la luz de una discusión seria, desapasionada y con base en el respeto mutuo de los interlocutores (ojalá en el escenario adecuado que permita el desarrollo de las ideas sin exponer al país al aprovechamiento fácil de aquellos que quisieran ver quebrar nuestra economía como parte de sus planes para hacerse del control de la misma). Pero, de parte y parte, deben precisarse las fallas comunicaciones que tiene cada cual en todo esto.
Por una parte, quienes (sin quererlo, tal vez, pero sin solucionarlo) han llevado al país a creer que “indexación” es lo mismo que un prodigioso aumento salarial que surgiría automáticamente y al instante de un Decreto presidencial.
Y por la otra, quienes, tratando de argumentar aspectos técnicos de lo que consideran inviable de la indexación, no logran explicar sin embargo que de ninguna manera el gobierno revolucionario está en contra de un salario justo para los trabajadores, ni mucho menos es indiferente al sufrimiento del pueblo.
Entre ambos sectores, por falta de comprensión o de un mínimo sentido de la responsabilidad en los efectos comunicacionales de lo que exponen, se afecta sensiblemente la base de sustentación y credibilidad del proceso.
El país necesita precisión pero también claridad en lo que debe hacerse en el ámbito económico. Lo demás es perturbación innecesaria e inconveniente.
