Las autoridades de Curazao y de Países Bajos continúan violando los derechos de ciudadanos venezolanos que buscan protección internacional en Curazao; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy titulado: Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao.

Por: Espectador de Caracas con información de Amnistía Internacional

La organización ha registrado 22 casos de personas venezolanas, entre ellas menores de edad, que han sufrido violaciones de violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo.

Se calcula que 17.000 personas venezolanas viven en situación migratoria irregular en la isla.

“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad. En lugar de mirar hacia otro lado mientras se están cometiendo estas violaciones de derechos humanos, las autoridades neerlandesas deberían garantizar a estas personas la protección internacional que necesitan”, expresó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Todavía no hay protección

Amnistía Internacional ha descubierto que la situación de los venezolanos que buscan protección en Curazao no ha mejorado desde que publicó el informe Detenidos y deportadosen 2018. Aunque Curazao introdujo un nuevo procedimiento de protección internacional, todavía no cumple con las normas y el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, los venezolanos que huyen de la crisis siguen siendo detenidos automáticamente por períodos de tiempo indefinidos, en los que se les presiona para que firmen formularios de consentimiento para la deportación y tienen un acceso muy limitado a la asistencia jurídica. Las entrevistas de evaluación de protección son realizadas por funcionarios del gobierno que también están a cargo de la detención de extranjeros en situación migratoria irregular. Hasta ahora, el nuevo procedimiento solo ha llevado al rechazo de solicitudes de estatus protegido. A la organización le preocupa profundamente que, en consecuencia, Curazao envíe a personas de regreso a Venezuela, donde corren un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en violación del principio internacional de no devolución.

Las condiciones en el «Cuartel de Extranjeros», el centro de detención de la prisión Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), siguen siendo inhumanas, con los detenidos sometidos a privación sensorial, hacinamiento, encerrados entre presos condenados y falta de privacidad. Los venezolanos dijeron a Amnistía Internacional que los guardias de la prisión los sometieron a tratos degradantes e inhumanos, como abusos físicos y verbales y que los obligaban a saltar como ranas desnudos.

En 2019, la policía disparó con balas de goma a un grupo de venezolanos que se encontraban en el Cuartel de Extranjeros. La fuerza intencionada y desproporcionada que la policía utilizó contra ellos y la gravedad de las lesiones pueden constituir malos tratos o tortura.

Miguel, que estaba entre los disparados con balas de goma, recuerda cómo los guardias lo castigaron a él ya su grupo por buscar protección: “Entonces comenzó la locura: los guardias no nos dejaban dormir. Hacían ruido en todo momento con martillos. Estaba durmiendo en el suelo y mal alimentado. Perdí treinta y cinco kilos en cinco meses. Nos dañaron psicológicamente para asegurarse de que saliéramos de la isla ”.

Detención de niños y separación familiar

Curazao ha violado los derechos de los niños venezolanos al detenerlos y separarlos de sus padres que viven en la isla. Amnistía Internacional ha encontrado ocho casos de niños que estaban o habían estado detenidos entre adultos en el Cuartel de Extranjeros o en instituciones de menores.

No se reunieron con sus padres, ni se les permitió visitarlos. En cambio, las autoridades de Curazao los deportaron o planeaban deportarlos sin el conocimiento o la autorización de sus padres. El sufrimiento mental intencional y severo que los funcionarios gubernamentales han infligido al deportar a los niños y separarlos de sus padres puede, en algunos casos, constituir tortura.

“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos haya apoyado a las autoridades de Curazao en la detención y deportación de personas que huyeron de Venezuela en busca de seguridad.

En el caso de Yusmari, sus dos hijos, de 15 y 16 años en ese momento, fueron automáticamente detenidos en el Cuartel de Extranjeros después de que la Guardia Costera los interceptara y los entregara a la policía de inmigración de Curazao. Yusmari, quien ya vivía en situación migratoria irregular en la isla, recuerda cuando los metieron en el Cuartel de Extranjeros: “Cada vez que llamábamos lloramos”.

Su hijo menor, que ahora está de regreso en Venezuela, le dijo a Amnistía Internacional: “Me sentí mal. No estaba acostumbrado a que me encerraran «. Después de dos días, los hijos de Yusmari fueron detenidos en una institución juvenil donde no se le permitió contactarlos ni visitarlos. Cuando finalmente obtuvo el permiso y llegó a la institución juvenil, se enteró de que las autoridades de Curazao ya habían deportado a sus hijos.

La contribución de los Países Bajos a las violaciones de derechos humanos

A pesar de varias señales alarmantes sobre las graves violaciones de los derechos de los refugiados y los migrantes cometidas en los últimos años, las autoridades holandesas han intensificado su cooperación activa y su apoyo a Curazao, principalmente en el campo de la detección, detención y deportación de migrantes irregulares y personas que buscan protección.

En noviembre de 2019, el ejército holandés ayudó a custodiar a un grupo de venezolanos detenidos ilegalmente, que parecen haber sido deportados colectivamente en violación del derecho internacional.

Los Países Bajos también han proporcionado a la Guardia Costera Holandesa del Caribe equipo y personal para interceptar a las personas que llegan en barco de manera irregular, independientemente del alto riesgo que corren de ser objeto de violaciones de derechos humanos en tierra.

Las autoridades holandesas no han creado salvaguardias vinculantes de derechos humanos, mecanismos de supervisión independientes ni han investigado presuntas violaciones mientras apoyan a las autoridades de Curazao.

El secretario de Estado responsable ha declarado en repetidas ocasiones que las autoridades holandesas no tienen la obligación de hacerlo, porque el gobierno holandés considera la política migratoria y las posibles violaciones como responsabilidad de Curazao.

Sin embargo, Amnistía Internacional asume la posición de que las obligaciones internacionales de respetar y proteger los derechos humanos también se aplican a los Países Bajos cuando apoya a las autoridades de Curazao.

Las autoridades holandesas obviamente no lo han hecho y, por lo tanto, han contribuido a un sistema de violaciones.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de los venezolanos que buscan protección mediante la creación de un procedimiento de asilo que cumpla con los estándares internacionales. Deben poner fin a la detención de niños y la separación de familias; y solo use la detención de adultos como último recurso.

Deben llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante las detenciones o bajo custodia.

El gobierno de los Países Bajos debería evaluar los riesgos para los derechos humanos y crear salvaguardas vinculantes de derechos humanos aplicables al apoyo que brinda a las autoridades de Curazao. Además, los Países Bajos deben establecer una investigación independiente para investigar sus responsabilidades en la asistencia y otras formas de cooperación entre los Países Bajos y Curazao en el campo de la migración y la protección internacional, en particular la vigilancia de venezolanos en el pabellón de deportes en 2019 y las acciones. de la Guardia Costera.