Un grupo de abogados acudió el jueves 10 de marzo de 2022 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada en enero de 2022 por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, y publicada en Gaceta Oficial 6.684 extraordinaria del 19 de enero.
Por: Espectador de Caracas con información de Tal Cual
El escrito consignado ante el Poder Judicial está firmado por el abogado José González Puerta y explica que la reforma hecha por el parlamento que encabeza Jorge Rodríguez (PSUV) violenta varios artículos de la Constitución venezolana. Por tanto, llama a los magistrados a acordar una medida cautelar que suspenda de inmediato la aplicación y los efectos de esa nueva ley. Hacerlo conllevaría paralizar el proceso de selección de magistrados que se adelanta en la AN de Maduro.
El documento, además, hace la alerta de que tal decisión debe ser tomada por los actuales integrantes del TSJ, pues los que sean designados por el parlamento chavista en los próximos días (se anunció que sería a mediados de marzo) «no tendrían ningún interés en declarar una nulidad que conllevaría a la nulidad de su propia elección».
Los dos primeros artículos constitucionales quebrantados por la nueva ley son los 264 y 265. Detalla la demanda que esos artículos establecen los periodos para los cuales son elegidos los magistrados del TSJ y las condiciones para ser removidos de tales cargos.
Según la carta magna, los magistrados son nombrados para periodos únicos de 12 años, tiempo que solo puede ser recortado cuando la mayoría calificada del Poder Legislativo así lo decida luego de una calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano.
La nueva ley que redactó el oficialismo reduce de 32 a 20 la cantidad de magistrados del TSJ y llama a la Asamblea Nacional a designarlos, con sus suplentes, dejando claro que aquellos que no hayan culminado su período al momento de entrar en vigencia la ley «podrán volver a postularse para ejercer estos cargos». Esta disposición contraría la orden de la carta magna, recortando el periodo aún vigente de los magistrados «por un acto de rango legal» inferior al rango constitucional.
Sobre la posibilidad de que los magistrados puedan volver a postularse en 2022, la demanda cita entonces la Ley de simplificación de trámites administrativos que establece en su artículo 28 que el cumplimiento de un requisito pasa por la culminación de un trámite anterior. En este caso, que quienes ocupan el cargo de magistrados ya cumplieron con los trámites para serlo y se les está exigiendo volver a presentar credenciales para ejercer los puestos que ya tienen.
