Los abogados de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ratificaron este jueves su pedido para que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada de la causa en la que se investiga el atentado que sufrió la exmandataria en septiembre pasado.
En una audiencia en la Cámara Federal de Buenos Aires, los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal defendieron la recusación solicitada en enero pasado, al argumentar que la jueza tendría vínculos con la oposición política.
En declaraciones a periodistas a las puertas de los tribunales, Ubeira afirmó que tiene «pocas o nulas expectativas» de que la Cámara resuelva a favor del pedido de recusación y dijo que eventualmente recurrirán a la Cámara de Casación Penal y a organismos internacionales.
La recusación presentada en enero se basa en las presuntas «actividades incompatibles» de Capuchetti por tener un trabajo rentado como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires, que según los abogados de Fernández, es un órgano con fines «políticos» para apoyar y asesorar al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno capitalino está en manos de Propuesta Republicana (Pro), principal fuerza de oposición que tiene al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) como una de sus principales figuras.
Para los abogados de la vicepresidenta, el sueldo de Capuchetti depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo hasta inicios de enero encabezado por Marcelo D’Alessandro, acusado por el kirchnerismo de manipular causas judiciales contra Cristina Fernández.
«Lo que nos interesa es saber quién es la mano que está detrás de la mano que intentó matar a Cristina Fernández y mientras la presidenta del Pro (Patricia Bullrich) no repudie el atentado, nosotros tenemos que pensar que el ala extrema del Pro está detrás de todo esto», aseveró Ubeira este jueves.
Los abogados de Fernández ya habían pedido la recusación de Capuchetti en noviembre pasado, pero la Justicia la rechazó, una medida que fue apelada ante la Cámara de Casación Penal.
La vicepresidenta sufrió el atentado en medio de las manifestaciones a las puertas de su domicilio que se dieron después de que el 21 de agosto un fiscal pidiera para ella 12 años de prisión por presunta corrupción en los dos períodos en que fue mandataria.
Fernández fue condenada el pasado 6 de diciembre por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.
Con información de EFE
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