Este jueves se cumplen ocho años desde la firma del decreto ejecutivo de «emergencia nacional», que considera a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» para Estados Unidos (EEUU), y que sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas punitivas contra el país suramericano
Barack Obama consignó la Orden Ejecutiva 13692 el 8 de marzo de 2015. Esta declaratoria fue prorrogada el pasado 1 por el mandatario estadounidense Joe Biden, quien afirmó en un mensaje escrito al Congreso que era «necesario continuar con la emergencia nacional».
Hasta el momento, tanto EEUU como otros países han aplicado un total de 929 medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela.
Columna vertebral de la política criminal»
La Cancillería venezolana publicó en su cuenta de Twitter que su rechazo a «la extensión de esta grosera medida injerencista de EEUU».
Por su parte, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, afirmó que este jueves se cumplen ocho años de la emisión de un decreto que ha representado la «columna vertebral de la criminal política de sanciones contra Venezuela, el eje que sostiene las 929 medidas coercitivas unilaterales».
En esa línea, Castillo acusó a muchos opositores de seguir «terraplaneando» el tema, «mediante un negacionismo estúpido o hipócrita» del impacto de las medidas coercitivas, con referencia a los señalamientos de estos sectores que responsabilizan de la «crisis económica» a los supuestos malos manejos administrativos del Gobierno de Nicolás Maduro.
En 2021, la Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, dijo que las sanciones habían causado un «efecto devastador» y «catastrófico» sobre la población venezolana.
Venezuela es el sexto país con más organismos públicos y empresas sancionadas por EE.UU., según la página web del Observatorio Venezolano Antibloqueo, que recoge una completa cronologías sobre las medidas punitivas que han sido aplicadas en el país y sus efectos.
Según la publicación ‘Los números del bloqueo 2014-2022’, en promedio, el país suramericano ha sufrido una sanción cada tres días.
Del total de medidas, 82,3 % son directas y 17,7 % son restrictivas o punitivas.
El Estado ha sido el más afectado puesto que 51,5 % de las sanciones han recaído sobre él, mientras que 17, 6 % afectan directamente al sector privado y 11, 1 % al petrolero.
El 54,7 % de las sanciones contra el país suramericano provienen de EEUU; 14, 2 %, de Canadá y 7,2 % son de la Unión Europea (UE).
En total, 39 buques del sector energético venezolanos han sido sancionados, al igual que 30 internacionales. También se ha prohibido las operaciones de 58 aeronaves, de las cuales 57 son del Estado venezolano.
Algunos de los recursos y activos congelados, confiscados o retenidos en el exterior, que suman 24.000 millones de dólares, son:
7.000 millones de dólares congelados en bancos.
5.000 millones dólares retenidos en el Fondo Monetario Internacional.
2.000 millones de dólares en 31 toneladas de oro confiscadas por Inglaterra.
10.000 millones de dólares de Citgo Corp. confiscados por EEUU
Entre 2015 y junio de 2020, la producción de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) cayó 87%, lo que significó pasar de un promedio 2,4 millones de barriles diarios a 339.000 barriles, en junio de 2020. De cada cien dólares en divisas, el país dejó de percibir 99 en siete años.
Según el Observatorio Antibloqueo, investigaciones económicas estiman en 232.000 millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera «debido a la caída de la producción, las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra Pdvsa».
Entre las medidas que se han aplicado entre 2017 y 2022 se encuentran:
Bloqueo a la deuda.
Prohibición de repatriar dividendos.
Confiscación de todos los activos: Citgo, Monómeros y otros.
Prohibición de operaciones a petroleras internacionales.
Sanciones a directivos y empresas petroleras. Sanciones a socios aliados de PDVSA (Rosneft Trading, TNK Trading International y otras).
Sanciones a buques y personal de transporte marítimo (capitanes).
Imposición de costos financieros, comerciales y logísticos.
Demandas judiciales.
Asalto a buques con carga de Venezuela. Paralización de pagos.
Congelación de recursos en bancos.
Cierre de cuentas.
Usurpación de funciones.
En octubre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley Antibloqueo, presentada por Maduro para enfrentar las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU y recuperar la economía nacional.
En este instrumento legal se adecuó el marco jurídico con la finalidad de «defender la soberanía de Venezuela, los recursos y los derechos del pueblo venezolano frente a la agresión económica y los impactos de las medidas coercitivas unilaterales», según la página del Observatorio Venezolano Antibloqueo.
En esa oportunidad, el viceministro de Políticas Antibloqueo consideró que la ley podría ayudar al país a «hacer asociaciones nuevas, atraer inversiones, reactivar activos y proteger activos dentro y fuera de Venezuela, e incorporar a los sectores productivos, a la gran industria, a la pequeña y mediana empresa, al poder popular, y por supuesto a las inversiones de gran capital».
El instrumento legal tendrá vigencia mientras persista el bloqueo o sus efectos.
En diciembre de 2014, el Congreso EEUU aprobó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que fue el marco para la posterior imposición de sanciones.
«La ley de 2014 y el Decreto Obama conforman el fundamento legal que permite al Presidente de Estados Unidos hacer todo lo que esté a su alcance para enfrentar la supuesta ‘amenaza’ que representa Venezuela», se afirma en el portal del Observatorio Antibloqueo.
Según este organismo, «cada medida está dirigida a paralizar una actividad del Estado venezolano, a asfixiar un sector específico de su economía, así como a hostigar o ‘castigar’ a determinadas empresas o personas que tratan de desarrollar legítimamente actividades económicas» en el país suramericano.
Con información de RT y Sputnik.
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