23 de noviembre de 2024 4:28 AM

Raquel Gamus: A cualquier precio

Cada vez con más frecuencia estallan conflictos en distintas zonas del país producidos por grupos irregulares que desde los tiempos del comandante eterno  y por diversas razones han sido ”alimentados” desde el poder, del que  muestran progresivamente más autonomía en el control de  los territorios donde operan.

Así ocurre con las FARC en las zonas fronterizas occidentales donde operan desde tiempos lejanos, con el mutismo de las autoridades venezolanas. Pero, sobre todo, no olvidemos que el presidente Hugo Chávez les otorgó un digno estatus de insurgentes políticos e ideológicos y no el que los tipificaba como terroristas. Ahora bien, esos grupos dirimen sus  fines y diferencias en  los territorios venezolanos que controlan, desafiando a las Fuerzas Armadas Nacionales y creando terror y muerte en la población de la amplia frontera oeste del país.

Pero también se va a extender en la zona minera del estado Bolívar donde el ELN, ejerce su dominio compartido con otros grupos irregulares y las fuerzas de orden público,

Pero el control territorial de las bandas delictivas no es exclusivo de las zonas fronterizas, si nos venimos a Caracas encontramos la ciudad cercada. Por el este opera la poderosa banda de Wileisy en Petare, que el año pasado fue teatro de un feroz y prolongado enfrentamiento con la banda de alias el Gusano, que mantuvo aterrorizada a la población del barrio José Félix Ribas.

También el norte de la ciudad tiene su banda de pranes en Cotiza liderada por el Kike. Y el oeste de la ciudad está bajo el control del Koki que ha ido ampliando sus operaciones desde la Cota 905 hacia La Vega, El Cementerio, El Paraíso y Montalbán. Precisamente la actuación de esta banda fue la que obligó los últimos días a la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pero en lugar de buscar correctivos a su fracaso como garantes de la seguridad y de la paz por su vocación a estimular a los grupos irregulares desde los tiempos de Hugo Chávez, plasmado en el espaldarazo recibido por Iris Varela, exministra del poder popular para el Servicio Penitenciario, y especialmente la responsabilidad de Rangel Ávalos en la creación de las zonas de paz. Repito, en lugar de buscar el consenso de grupos de la sociedad para una exitosa política de recuperación, Maduro acude al gastado guión de señalar a una fantasiosa alianza de la derecha venezolana, Iván Duque, Álvaro Uribe con sus  paramilitares y el imperialismo norteamericano de ser los instigadores y autores de esta violencia

A la par de esta incompetencia y falta de voluntad para defender a la ciudadanía, las fuerzas represivas del gobierno se muestran eficientes y veloces para detener a defensores de derechos humanos, como es el caso de Javier Tarazona y otros directivos de Fundaredes, que realizaban un trabajo clave en la identificación de los conflictos armados que se generan en las fronteras venezolanas por grupos paramilitares y guerrilleros que mantienen en zozobra a la población, a quien con gran celeridad el Ministerio Público imputó por instigación al odio.

Detención que desafía el informe que escasos días atrás había presentado la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bacehelet, en el que reseña los pocos avances obtenidos en lo que respecta a los casos de represión y quien calificó la detención de Tarazona como un ejemplo preocupante.

Y si de desafíos hablamos, mientras se encuentra en Caracas la delegación electoral de la Unión Europea -a quienes Maduro calificó de ignorantes  y de mentalidad colonialista por su advertencia sobre la Ley de Ciudades Comunales-, el Sebin detuvo al diputado Freddy Guevara y funcionarios de la FAES intentaron llevarse detenido al presidente interino, Juan Guaidó. El  Ministerio Público no ha tardado en afirmar que imputará a Freddy Guevara por delitos de terrorismo.

No había terminado el Departamento del Tesoro de hacer un gesto de suavizar  las sanciones al autorizar operaciones de gas licuado de petróleo a Venezuela, cuando Maduro volvió a exigir como condiciones para acudir al diálogo en México el fin de las sanciones de Estados Unidos y la UE, el pleno reconocimiento a su gobierno y el fin de los planes conspirativos por parte de la derecha extremista.

¿Patada a la mesa? Demostración de fortaleza para negociar en mejores condiciones? Cualquiera sea la respuesta se manifiesta una clara intención de no ceder un ápice en sus demandas y en su arbitrario control del poder donde todavía lo mantiene.

El Nacional

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