El anuncio de la apertura vehicular fronteriza, prevista para el próximo 01 de enero de 2023, ha traído consigo mucha incertidumbre y preocupación sobre cuál va a ser el procedimiento legal para el tránsito vehicular por los puentes internacionales.

Aunque las normas en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria son claras y explican que las personas pueden traer hasta un monto de 1.000 dólares, en mercancías, sin necesidad de declarar porque es para uso personal; desde que se permitió el paso peatonal a mediados del 2021, cientos de venezolanos han denunciado extorsión y abuso por parte de las autoridades militares y policiales en los diferentes puntos de control, que van desde la retención de mercancía, robos, amenazas y hasta sobornos para dejar pasar productos que en la mayoría de las ocasiones están dentro de la ley.

Para que este tipo de cosas no sucedan, José Rozo, expresidente de Fedecámaras Táchira y de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, plantea la necesidad de crear un régimen especial para las compras menores, donde las personas puedan ir a Cúcuta y traer los insumos que necesiten sin ningún tipo de obligación de carácter económico, únicamente presentando la factura de compra.

En el caso de aquellos que traigan mercancía para ser vendida en Venezuela, propone que los ciudadanos liquiden una planilla con un impuesto único y con ese documento puedan transitar libremente por el territorio nacional.

A juicio de Rozo, estas son decisiones burocráticas fáciles de tomar, pero que no han sido determinadas porque si los gobiernos aprueban este tipo de normas, se perjudican intereses de terceros. Explica que actualmente las personas que manipulan las políticas son los que se oponen a que esas decisiones y esos acuerdos se den.

Asimismo, expresa que otra de las iniciativas que se deben tomar es la implementación de un seguro intrafronterizo, ya que Colombia no acepta la póliza de Responsabilidad Civil Venezolana y en el caso de un accidente, el ciudadano venezolano no tendrá con qué responder, lo cual es sumamente grave. Rozo asegura que es importante que los ciudadanos entiendan que para poder transitar en el territorio colombiano deberán tramitar el Seguro obligatorio para carro y moto (SOAT), el cual está costando aproximadamente 600 mil pesos y teme que este costo haga que los venezolanos se vayan a riesgo.

Lo mismo pasa para los colombianos, puesto que para poder transitar en San Antonio y Ureña van a necesitar adquirir una póliza venezolana que va desde los 30 a 40 dólares. Aunque el precio es menor, el problema viene siendo en este caso la cobertura.  Por este motivo, ve urgente la necesidad de implementar una póliza que funcione para ambos países, de fácil obtención y acorde con las necesidades binacionales fronterizas.

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