«Congreso y presidenta la misma porquería», gritaban la noche de ayer manifestantes en Perú, quienes anunciaron que desde este viernes entrarían en paro.
La Policía Nacional de Perú (PNP) lanzó ayer gases lacrimógenos contra un pequeño grupo de manifestantes que protestaba en el centro de Lima para pedir el cierre del Congreso, que la víspera destituyó al ahora expresidente Pedro Castillo, luego de que anunciara la disolución del Parlamento
Los incidentes comenzaron la tarde en el casco antiguo de la capital, donde unos doscientos ciudadanos se concentraron para exigir el cierre del Parlamento y algunos de ellos la liberación del exmandatario, quien desde ayer permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
Según pudo constatar EFE, el grupo de manifestantes quiso dirigirse hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo, pero los agentes policiales intervinieron con gases lacrimógenos.
Las calles del centro de Lima también fueron testigo ayer de enfrentamientos entre un reducido grupo de simpatizantes y detractores del expresidente Castillo, luego de que el pleno del Congreso aprobara una moción de vacancia (destitución) en su contra, con el voto a favor de 101 de los 130 parlamentarios que integran el hemiciclo peruano.
La votación de este pedido de destitución presidencial se anticipó después de que el exmandatario anunciara en un sorpresivo mensaje a la nación su decisión de disolver el Parlamento, reorganizar el sistema de Justicia e instaurar un ejecutivo de emergencia que gobernara por decreto.
Esa orden, interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
A raíz de estos acontecimientos, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia del país y Castillo fue detenido y llevado a un penal, donde permanecerá bajo arresto al menos hasta el próximo 13 diciembre.
Así lo dictó este jueves un juez supremo que declaró fundado el requerimiento fiscal que solicitaba siete días de detención preliminar contra el exmandatario, mientras se lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión.
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