La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori denunció que también aparece como «fallecida» en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tal como sucedió con la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, informaron este sábado medios locales.

Fujimori envió este viernes un oficio a la jefa del Reniec, Carmen Velarde, para pedirle la «rectificación inmediata» de sus datos personales en el censo oficial que, según remarcó, «han sido adulterados».

La excandidata adjuntó la copia de un acta de defunción en la que se señala que su fallecimiento ocurrió el 12 de febrero de este año en un distrito de la región selvática de Amazonas.

«En este orden de ideas, la exhorto a tomar las medidas correctivas del caso; pues más allá de los problemas de seguridad en la base de datos del Reniec, los ciudadanos no debemos ser expuestos y perjudicados de esta forma», enfatizó en el oficio, citado por medios como RPP y El Comercio.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía de Perú anunciaron este viernes que han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades tras el hallazgo de falsos registros de muertes en el Reniec.

Entre los afectados figuró temporalmente la fiscal general Benavides, lo que motivó la rectificación inmediata del Reniec, así como el rechazo del Ministerio Público al «uso ilícito de los sistemas informáticos estatales».

También apareció temporalmente como fallecido el ciudadano Alejandro Sánchez, quien es buscado por las autoridades como parte de la investigación de una presunta organización criminal en el Ejecutivo que, según la Fiscalía, es liderada por el presidente Pedro Castillo.

Medios locales señalaron que Sánchez, dueño de una vivienda en Lima en la que el gobernante sostuvo reuniones al inicio de su gestión, figuraba como «fallecido», pero tras conocerse esta denuncia volvió a aparecer en el registro como vivo.

Reacción de autoridades

Tras estos acontecimientos, el Ministerio de Justicia anunció que «ha iniciado acciones de fiscalización» para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) dará a conocer los resultados de esas investigaciones.

El Ministerio Público también informó que «fiscales especializados en ciberdelincuencia y peritos» ya iniciaron  diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de atentado a la integridad de datos informáticos.

Por último, la Defensoría del Pueblo anunció que abrió una investigación de oficio por el registro irregular del fallecimiento de Sánchez.

Al respecto, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, rechazó el viernes la manipulación de los registros oficiales y pidió la intervención del Congreso, ya que aseguró que se ha cometido «el delito de crimen organizado que está vulnerando un sistema».

Velarde dijo que se busca hacer «un daño a las autoridades» y que la mayor responsabilidad en este caso es del Ministerio de Salud (Minsa), que entrega a los médicos las contraseñas para que registren los certificados de defunción.

Sin embargo, el ministro de Salud, Jorge López, aseguró que el programa de registro de esos datos corresponde al Reniec  y que se necesita «darle la viabilidad y la fortaleza a ese sistema, porque es muy vulnerable».

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