El Espectador de Caracas / EFE
A cinco años de la entrada en vigor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile, que permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación y los resultados quedan lejos de ser los esperados.
Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.
Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos. El 31 % fueron por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación. En 2021, el año con los registros más altos, se realizaron 672 y durante el primer semestre de 2022, 276.
Ante tal recuento y tras las alertas de una incorrecta ejecución de la ley por parte de organizaciones que observan y vigilan su puesta en práctica, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron una revisión del reglamento y la implementación de la norma.
