Un tribunal de apelaciones anuló la orden de un juez federal de Florida que incautaba la fortuna estadounidense de un multimillonario venezolano sancionado con presuntos vínculos con un cártel para satisfacer una sentencia de $318 millones para las víctimas estadounidenses de un secuestro terrorista colombiano.
Por: El Espectador de Caracas / AP
Samark López es uno de los empresarios más poderosos de Venezuela, con estrechos vínculos con el gobierno socialista de ese país. Ha sido acusado en Nueva York por presuntamente violar las sanciones que congelaron su considerable riqueza en los EE. UU., incluidos yates, aviones, propiedades inmobiliarias de lujo en Miami y una cuenta de Citibank de $ 269 millones.
El fallo del martes de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE. UU. rechazó una orden de 2020 del juez Robert Scola de Miami que otorgaba esos activos bloqueados a tres ex contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para satisfacer un juicio anterior contra sus ex captores. , un grupo terrorista designado por los Estados Unidos.
López ha negado durante mucho tiempo cualquier vínculo con las FARC. Con el testimonio de Dick Gregorie, un exfiscal que ha puesto tras las rejas a cientos de narcos, incluido el general Manuel Noriega de Panamá, sus abogados argumentaron que el gobierno de Estados Unidos y los demandantes no habían presentado ninguna prueba que vinculara a López, ni siquiera indirectamente, con los rebeldes.
El argumento convenció al panel de apelaciones, que devolvió el caso a la corte inferior y ordenó que los activos congelados de López solo se puedan desembolsar a las víctimas de las FARC si un jurado concluye que existe una relación.
En una opinión unánime, el juez de apelación Adalberto Jordan comparó las acusaciones contra López con un popular juego de salón, Six Degrees of Kevin Bacon, que implica vincular a la estrella de Hollywood con otros actores a través de sus papeles en seis películas o menos.
“Sin embargo, el sentido común indica que cuanto más atenuado sea el vínculo, más difícil será probarlo”, dice el fallo del panel de tres jueces, que no ha sido informado previamente. “Esta evidencia, vista colectivamente y tomada de la manera más favorable a los apelantes de López, creó cuestiones materiales de hecho en cuanto a si el Sr. López y sus empresas eran agencias o instrumentos de las FARC”.
Los problemas legales de López en Estados Unidos se derivan de su designación en 2017 como capo del narcotráfico junto a su amigo cercano, Tareck El Aissami, el poderoso zar petrolero de Venezuela. Estados Unidos en ese momento acusó a López de ser el testaferro de El Aissami para ocultar las ganancias de los envíos de cocaína de varias toneladas cuando se desempeñó como ministro del Interior y gobernador del estado de Aragua, donde se encuentra el puerto más grande de Venezuela.
Las FARC no fueron mencionadas por su nombre cuando López y El Aissami fueron sancionados y los únicos cargos penales conocidos contra los dos hombres son por supuestamente fletar vuelos privados en los EE. UU. en violación de las sanciones, no por narcotráfico.
En una audiencia en febrero en Miami, el abogado de López, Adam Fels, argumentó que gran parte de la evidencia contra su cliente eran rumores y que, como mínimo, merecía un juicio antes de que sus bienes fueran repartidos entre las víctimas de un crimen que ni siquiera tomó lugar en Venezuela.
En 2012, un juez federal de Florida otorgó a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes 318 millones de dólares a pagar de cuentas bancarias y bienes incautados a personas vinculadas a las FARC.
Pero la mayoría de los hombres no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald Trump promulgó en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permitía a las víctimas de grupos terroristas embargar activos ya bloqueados por el gobierno de EE. UU. bajo la ley del narcotraficante.
Los tres ex empleados de Northrop Grumman fueron capturados por la guerrilla cuando su avión se estrelló debido a problemas en el motor durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes.
