El 2 de agosto de 2022 se realizaron varias reuniones entre la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, el Ministerio de Educación Universitaria (ministra Tibisay Lucena, viceministro Pedro Carvajal y el director de Planificación del Ministerio de Educación Universitaria Omar Oberto), con la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas (viceministro Cristian Hernández y el director de la Onapre Marco Polo Consenza) y del Ministerio del Trabajo (ministro Francisco Torrealba, viceministra Johana Santeliz y la directora de la Inspectoría Nacional Luisa Lezama) en el marco de la mesa de seguimiento y adecuación de la IV Colección Colectiva del sector universitario y de reconocimiento del derecho al bono vacacional y cronograma de pago.
Hay molestia e impotencia en el sector universitario por la forma fraccionada en que se pagará lo acordado. Francisco Torrealba firmó la resolución de homologación lo que permite la publicación y la aplicación inmediata de los contenidos pendientes. Lamentablemente no hay dinero para pagar como se debe. La clase trabajadora universitaria se pregunta: ¿por qué no hay dinero?
Debemos recordar que varios opositores contrarrevolucionarios hicieron lobby en los países otrora colonialistas hoy imperialistas para que le aplicaran al pueblo venezolano una serie de medidas coercitivas unilaterales para que éste piense que el culpable de la crisis es el Gobierno Bolivariano.
El dinero del sector universitario se lo robó la reina ladrona de la pérfida Albión. Un tribunal de Londres reiteró el 29 de julio de 2022 la decisión sobre la administración de más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que están bajo custodia del Banco de Inglaterra. La corte señaló que las autoridades legítimas para manejar los fondos son las que nombró el exdiputado Juan Guaidó.
El dinero del sector universitario se lo robaron los ladrones de Monómeros y Citgo. Los colectivos docentes, administrativos, obreros y estudiantiles deben manifestar su inconformidad, rechazando el robo de los activos de Venezuela en el exterior y apoyar la intención del Ejecutivo Nacional de honrar todos los beneficios obtenidos en las convenciones colectivas, así como los principios garantes de la Ley del Trabajo, las normas rectoras previstas en la Constitución Bolivariana y los acuerdos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
