Mientras el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas visita Venezuela en estos días, la compleja crisis venezolana que ha provocado uno de los mayores desplazamientos de personas en el mundo en los últimos años sigue impactando la región, al provocar mayores desplazamientos de personas que según cifras de organismos internacionales alcanza hoy más de 6,5 millones de venezolanos que buscan seguridad en los países vecinos, principalmente Colombia, muchas veces país de tránsito hacia Chile, Perú y Ecuador y hacia Centroamérica y el norte a través de la peligrosa ruta del Darién.

Víctor Rodríguez Cedeño / El Nacional

La crisis de movilidad humana provocada por regímenes autoritarios que violan los derechos humanos, por conflictos armados y en menor escala desastres naturales que afecta al mundo hoy exige cooperación y solidaridad de los gobiernos de los países receptores, incluso los de tránsito, para garantizar a esas personas sus derechos humanos fundamentales, entre otros, el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y de todos los medios alternativos de estancia legal o de protección temporal que puedan asegurar el disfrute del derecho humano al asilo cuando las circunstancias así lo exigen.

Las rutas de los desplazamientos son muchas, unas más peligrosas que otras. Desde Ucrania, en medio de los bombardeos rusos, los desplazados huyen por tierra hacia las naciones vecinas, muchas veces para seguir hacia los otros países de la región, con el apoyo solidario de los gobiernos de la Unión Europea que reciben y facilitan su permanencia, asegurándole sus derechos fundamentales, incluso la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. Desde África, más desde las regiones subsahariana y de los lagos, decenas de miles de personas intentan cruzar el Mediterráneo expuestos a todos los riesgos que supone la travesía, incluso, enfrentar la delincuencia organizada que obtiene enormes beneficios de su desesperación.

Los venezolanos, junto a miles de haitianos y cubanos y algunos africanos de Ghana y Angola y asiáticos de Bangladesh y Myanmar, que huyen de la miseria y de la violencia, hacen uso de una ruta tanto o más peligrosa que la del Mediterráneo, la del Darién, una selva de más de 5.000 kilómetros cuadrados entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en una especie de corredor de movilidad, para muchos un infierno que no todos lamentablemente llegan a superar.

El riesgo es inmenso. Los desplazados o personas en movilidad humana que usan esta vías son víctimas de grupos irregulares de guerrilleros y paramilitares dedicados al narcotráfico y al contrabando, lo que hace aún más peligrosa la travesía que daría acceso a Panamá, cuyo gobierno junto al de Colombia ha venido prestando una valiosísima protección, junto a Acnur y la OIM, a los miles de personas que llegan al país, entre ellos más de 25.000 venezolanos en 2021, que después de cruzar el Darién siguen la mayoría su camino hacia Estados Unidos, enfrentando los enormes retos a veces insuperables que supone el desplazamiento, entre tantos, la exigencia del visado que han impuesto todos los países de la región hasta México.

La protección de las personas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen exige el mayor apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, de los gobiernos y de los organismos internacionales y regionales como Acnur, la OIM y la OEA, para que todos puedan recibir un tratamiento digno, especialmente, que se consideren las solicitudes de asilo en forma justa y se respeten las normas fundamentales de protección, entre otras, la obligación de no devolver a las personas cuando sus vidas corren peligro en el país de origen.

En días pasados los países del hemisferio, reunidos en la Cumbre de las Américas, adoptaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección en la que los gobiernos de la región acordaron fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional y promover, lo que resulta sumamente importante pues toca el problema de fondo, las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad.

La situación de los venezolanos se agrava aún más por la ausencia e inacción de las autoridades venezolanas que están obligadas a brindarles todo el apoyo y la asistencia necesarias para garantizarles el disfrute de sus derechos fundamentales.