Beltrán Haddad
La Asamblea Nacional se ha propuesto la redacción de un nuevo Código Penal, tarea que no es fácil, pero es un esfuerzo laudable y necesario que merece el apoyo del pueblo venezolano. En verdad el actual Código Penal está viejo y remendado de reformas. El Código que se elabora debe responder a la realidad del país en el contexto del nuevo pensamiento penal, teniendo en cuenta que la Constitución de la República Bolivariana está profundamente edificada sobre principios garantistas y no puede permitirse situaciones agravantes en la aplicación de las penas, como serían las llamadas “condenas sucesivas”. Es algo muy parecido a lo que una vez sucedió en España cuando diversos colectivos de juristas progresistas, ante un plan de lucha contra la delincuencia anunciado por Aznar, denunciaban que esas reformas, entre ellas la “tolerancia cero”, aumento de penas de 30 a 40 años de cárcel o condenas que se cumplirían en su integridad, suponían una forma encubierta de introducir la pena perpetua.
Es importante tener en cuenta en reformas penales y en la elaboración de un Código Penal que las mismas deben ser cuidadosamente meditadas y técnicamente elaboradas. No se puede actuar de manera apresurada, con soluciones rápidas y simbólicas para cualquier problema social. Hay que tener presente que el derecho penal se desarrolla en ámbitos mucho más perdurables que otras ramas del derecho y se vuelve peligroso cuando las leyes no están bien tratadas en su técnica ni pensadas correctamente en cuanto a interpretación y aplicación de las normas.
Esa propuesta de “condenas sucesivas” deja en el olvido el principio de progresividad de los derechos y garantías constitucionales, como también olvida que la pena máxima es de 30 años de cárcel. Ahora, ¿Qué sucederá con el concurso ideal de delitos, es decir, cuando con una sola conducta o acción se cometen varios delitos? Se trata de un problema de determinación de las penas que hoy se resuelve por la acumulación, cosa distinta a las “condenas sucesivas” que traducen complejidad y aumento de las penas por cada delito para caer en el llamado “eficientismo” o política criminal moderna que se caracteriza por crear delitos o agravar penas y el derecho penal se convierte en instrumento de un direccionismo que privilegia los medios sobre los fines. En fin, el Estado social es sustituido por un Estado penal, a la manera de una mitología del castigo.
