En Estados Unidos las noticias acerca de los tiroteos colectivos se repiten con una frecuencia asombrosa. Un día el incidente ocurre en un supermercado; otro, hay una balacera en una escuela primaria de una zona humilde de Los Ángeles; al día siguiente, o pocos días antes, un fanático arremete contra los fieles que asisten a un oficio religioso en una pequeña iglesia. No existe lugar seguro en ese país. Los desequilibrados pueden desencadenar su furia y su odio contra la humanidad en un parque de diversiones, en un colegio de secundaria, en una calle. Cualquier sitio es propicio para que suceda una tragedia. Hasta los hogares son lugares donde la gente corre peligro. Hace pocos días, un niño de solo dos años mató en una localidad de Florida a su irresponsable padre, quien había dejado una pistola cargada a su alcance. Ahora, la madre de ese infortunado niño se encuentra detenida por homicidio culposo, y los tres hijos de la pareja están sin sus padres, bajo la protección del Estado. El armamentismo desaforado e indiscriminado de la sociedad norteamericana causa estragos. Genera un miedo y una inseguridad que está provocando el efecto opuesto al que aspira el antiguo valor de poseer y portar armas para defender la libertad.
@trinomarquezc / El Nacional
La gravedad de los sucesos que ocurren, el hecho de que Estados Unidos es el único país donde esos acontecimientos se repiten constantemente y el enfoque con el cual están aproximándose al tema algunos dirigentes fundamentales del Partido Republicano y líderes de opinión pública vinculados con esa agrupación obligan a pensar acerca del futuro de la libertad y la democracia estadounidense, la más importante del planeta.
Resumiendo, esas figuras, entre ellas Donald Trump, sostienen que las personas mayores de 18 años de edad tienen el derecho constitucional de armarse para defender su vida y sus bienes. Este es un derecho constitucional que forma parte de las raíces y la tradición de esa cultura, y por ello resulta incuestionable e inalienable.
Los sectores más conservadores de Estados Unidos y, sobre todo, la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) –cúspide del lobby de las armas-, se han aprovechado de la Constitución para impedir cualquier disposición federal que coarte de forma severa la adquisición de armas de fuego, incluidas las más mortíferas, que se venden libremente en el mercado. Los ciudadanos en muchos estados para obtener un rifle de asalto solo necesitan mostrar una certificación en la que comprueben haber cumplido 18 años de edad y carecer de antecedentes penales. Con estos simples requisitos pueden dotarse de un arsenal.
Permitir que la gente se arme se proclama en nombre de la libertad. Sin embargo, el mismo valor no rige para que un joven compre, digamos, una cerveza. Para ello, se necesita haber llegado a 21 años. Esa clase de libertad está asociada con la posibilidad de acabar con la vida de otra u otras personas, no con el placer de disfrutar un licor suave como es una «fría».
Los defensores del ojo por ojo proponen que todos los ciudadanos se armen. Que los maestros, profesores y vigilantes de los centros educativos, se apertrechen. Los colegios deben convertirse en campos de batalla, donde la transmisión de conocimientos no está vinculada con los valores más elevados del ser humano, sino con el temor a que incursione al recinto escolar un psicópata decidido a asesinar a quien se le atraviese por delante, y con la factibilidad de repelerlo.
Esa visión de la sociedad y del proceso educativo marcha a contracorriente del curso seguido por las naciones democráticas de Occidente. En Europa, e incluso en América Latina, la tendencia desde el siglo XIX –cuando se forman los Estados nacionales dotados de una constitución, ejércitos profesionales, cuerpos de seguridad especializados y un aparato judicial de alcance nacional- se dirige a despojar de las armas a los civiles, acabar con los ejércitos particulares de los gamonales locales y concentrar el ejercicio de la violencia legítima en el Estado, sometido este a regulaciones estrictas para preservar el derecho a la vida, los derechos individuales y las garantías constitucionales. Ese curso lo siguieron, de forma desigual, la inmensa mayoría de los países democráticos. Este factor no acabó con las armas en manos particulares, ni con los abusos de autoridad, pero redujo sensiblemente la posibilidad de que los particulares anduviesen como gatillos alegres, resolviendo de acuerdo con su criterio problemas que debían dirimir los tribunales o los cuerpo de seguridad del Estado. Para conseguir un arma, un ciudadano está obligado a cumplir un conjunto de engorrosos trámites. Las armas son para los militares y la policía, que cada vez deben ser más controlados por la ciudadanía, más profesionales y eficientes en la prevención de delitos y la represión.
Según la NFA, la mayoría de los republicanos y, hay que admitirlo, una franja del Partido Demócrata, la trayectoria apunta en la dirección opuesta. La manera de defenderse de los «malos», como los llama Trump, es que los «buenos» se armen, o preferible, se blinden. Mejor es retornar al Far West. Al mundo de los vaqueros, sin sentido de la ley y de un orden que debe respetarse. Conviene vivir en el estado de naturaleza donde se imponen los criterios del mejor armado y de quien tiene mayor puntería. Todo es preferible a construir una sociedad civilizada, con Estado de Derecho, desarmada, con cuerpos de seguridad profesionales, guiada por valores ciudadanos fundados en la solidaridad, el respeto a la vida, a la diferencia y a la dignidad del otro.
Algunos de los grupos guerreristas dicen ser cristianos. ¿Cómo ser «cristiano» si proclaman quebrantar el quinto mandamiento, no matarás, dotando de armas a todos los «buenos»?
En algunos países, acosados por la violencia derivada del narcotráfico, las guerrillas o la delincuencia, distintos gobiernos han propuesto desarmar la población civil, canjeando las armas por ciertos beneficios. Con esa política se han logrado notables éxitos. Los norteamericanos deberían aprender de esas experiencias. La libertad nada tiene que ver con la adquisición irresponsable de armas letales. Al contrario, la acaba.
