Durante interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015, la presidenta de Pequiven ad hoc, Diana Bracho, dijo desconocer el monto de la deuda actual de Monómeros. Aseguró que no es su competencia conocer los detalles operativos y contrataciones de la agroquímica. Sobre la demanda contra un diputado de la AN, aseguró que Monómeros actúa en defensa del patrimonio.
Por: El Espectador de Caracas con información de Crónica.Uno
Caracas. La presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, admitió que en febrero de este año esa junta designó a dos directivos principales de Monómeros y cinco suplentes, sin notificar a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Así lo reconoció la funcionaria designada por el Parlamento en diciembre de 2019, durante una interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015, que se extendió por cuatro horas.
En ese lapso, los diputados Ismael García (VP), José Luis Pirela (Fracción 16-J), Ismael León (Alianza del Lápiz) y Marco Aurelio Quiñones (VP) interrogaron de manera incisiva a Bracho sobre diversas situaciones irregulares que ellos mismos han denunciado públicamente en el funcionamiento de Monómeros.
El careo entre la funcionaria y estos cuatro parlamentarios tuvo momentos muy tensos porque Bracho reiteradamente refutaba a los diputados, desconocía la estructura del proceso de interpelación o instaba a los diputados a leer el informe de la comisión especial sobre Monómeros, aprobado por la Delegada el 2 de noviembre de 2021.
Los diputados, por su parte, se mostraban exasperados porque Bracho no siempre respondía de forma directa, e incluso el diputado Pirela estuvo a punto de salirse de la reunión virtual en protesta por lo que consideró “una falta de respeto de la funcionaria”.
Además, García, Quiñones y Pirela afirmaron que no consideraban las respuestas como satisfactorias. De hecho, los diputados propusieron y así se aprobó, citar para interpelar próximamente a Yon Goicochea, funcionario del gobierno encargado y al procurador especial, Enrique Sánchez Falcón.
Los diputados Jairo Bao (UNT), José Ricardo Salazar (AD) y José Hernández (UNT), también intervinieron.
Las preguntas
Los diputados le preguntaron a Diana Bracho sobre:
- La falta de respuesta oportuna de Pequiven a diversas comunicaciones remitidas por Juan Guaidó desde noviembre de 2021 en relación con el proceso de reestructuración y auditoría de Monómeros;
- La designación de nuevos directivos de su subsidiaria Monómeros sin autorización de la AN-2015 y del presidente encargado;
- Si Pequiven ad hoc autorizó a Monómeros para denunciar al diputado José Luis Pirela ante la Fiscalía de Colombia y quién paga por ese proceso;
- Quién y por qué se contrató a la empresa de auditoría OCH y con qué recursos se paga ese servicio;
- Si Pequiven ad hoc está al tanto de los detalles del convenio firmado con el Grupo Dabon, o las características del contrato con Lion Street firmado y rescindido entre abril y junio del año pasado;
- Si Pequiven conocía las comunicaciones que el gerente general de Monómeros envió a los proveedores de la empresa a mediados del año pasado informándoles la transferencia de tareas en el área de distribución a Lion Street;
- A cuánto asciende la deuda de Monómeros;
- Por qué se continúa trabajando con el escritorio DLA Piper, a pesar de que la Procuraduría Especial alertó sobre la existencia de conflictos de intereses ya que ese escritorio representa a empresas que contratan con Miraflores, como Rosneft.
- Y si la junta ad hoc de Pequiven estaba al tanto de que –según dijo el diputado Ismael García– la reestructuración de Monómeros es una exigencia de la OFAC para renovar la licencia.
Las respuestas
Bracho replicó que desde 2020 Pequiven ad hoc ha solicitado presupuesto para atender distintas instrucciones sobre Monómeros y aún no les ha sido asignado. Aseguró que Pequiven sí hizo las licitaciones para las empresas auditoras que pidió Guaidó, pero que no habían recibido instrucciones adicionales.
Sobre la deuda de Monómeros, dijo que no manejaba esa información; sin embargo, uno de los integrantes de la junta ad hoc que también estaba presente en la interpelación, el ingeniero Winston Cabas, respondió: “Tengo entendido que para noviembre de 2021 se debían cerca de 90 millones de dólares a Nitron y se le ha pagado en lo que va de año, casi 15 millones de dólares”.
Bracho, por su parte, indicó que Supersociedades Colombia instruyó a Monómeros a completar la designación de los integrantes de su junta directiva so pena de multarla y que por eso procedieron a hacer los nombramientos. Dijo que si la AN quería información sobre ese procedimiento, ella se los podía remitir.
“La AN tiene conocimiento de que desde 2021 existen unas vacantes en la junta directiva. Desde esa fecha la junta ad hoc ha esperado el pronunciamiento de la AN. Con la toma de control de Supersociedades, esta pidió presentar el acta en un tiempo perentorio y por eso se tomó la decisión (de nombrar a los directivos) para suplir las faltas con personal de la empresa. Se dejó claro que serían cargos provisionales, hasta que la AN haga las designaciones. No acatar (la instrucción de Supersociedades) exponía a la compañía a una multa, a un control mayor y se perdería el activo. A la Asamblea Nacional, cuando lo requiera, se le dará toda la información”, dijo Bracho.
También dijo que Pequiven ad hoc no tiene conocimiento de ninguna comunicación oficial del gobierno estadounidense o la OFAC respecto a las condiciones para renovar la licencia. Pidió a los diputados que si ellos la tienen, se la hagan llegar.
Las preguntas sobre los contratos con Dabon, Lion Street, DHL Piper, etc, Bracho las despachó afirmando que por tratarse de decisiones operativas de Monómeros, Pequiven ad hoc no está informada del detalle ni tiene competencia.
Con respecto a la denuncia de Monómeros contra el diputado José Luis Pirela ante la Fiscalía de Colombia, Diana Bracho empleó el mismo argumento pero además justificó la acción.
“No es competencia de la junta ad hoc tener conocimiento sobre ese aspecto porque es un tema operativo que trata de proteger el patrimonio venezolano. La junta y gerencia de Monómeros están en sus funciones autorizados para hacer las acciones necesarias para proteger a los intereses legítimos del Estado. Las autoridades en Colombia determinarán si existe o no responsabilidad”, sentenció.
