El opositor Juan Pablo Guanipa afirmó este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro «quiere engañar» a la Corte Penal Internacional (CPI) «simulando cambios» en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la reforma de la ley que rige las competencias de dicha instancia.
Por: El Espectador de Caracas / EFE
«Quieren engañar a la CPI simulando reformas dentro del TSJ, como la reducción de 32 a 20 magistrados. Al final, como sucedió con el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), esas vacantes serán llenadas por militantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) que no cumplen con los requisitos estipulados en la Constitución», señaló en Twitter.
La primera semana de febrero juramentaron ante el Parlamento el comité de postulaciones judiciales, conformado por once diputados y diez representantes de diferentes sectores del país, que deberá seleccionar a los candidatos a magistrados del TSJ.
Este procedimiento comenzó luego de que los diputados venezolanos aprobaran en el segundo y definitivo debate una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, impulsada por su presidente Maikel Moreno, que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen la alta corte.
La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social), por tres magistrados, sostiene el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco que tienen actualmente.
Guanipa calificó esta reforma de «írrita e ilegal», con la que el Ejecutivo busca «lavarse la cara y salvar el pellejo ante el inminente avance de la investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad».
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el 3 de noviembre de 2021 que la entidad que dirige abriría formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, aunque aclaró que, por ahora, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril de 2017, durante las manifestaciones, y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
En enero, la CPI extendió por tres meses, hasta el 16 de abril, el plazo para que las autoridades de Venezuela presenten su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El 11 de marzo, la ONG venezolana Acceso a la Justicia advirtió que 39 miembros del actual Supremo se postularon nuevamente para ser parte de los magistrados de esta instancia en un nuevo período, lo que representa una violación a la Constitución y «un peligro para la independencia» judicial.
«Treinta y ocho magistrados en funciones y una exmagistrada aspiran nuevamente al cargo, esto, a pesar de que el artículo 264 de la Constitución de 1999 señala claramente que ocuparán ese cargo ‘por un único período de 12 años’», señaló la organización en un comunicado de prensa.
