La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela (Red-CLH) informó que remitirá a la Corte Penal Internacional, CPI, 33 casos documentados de violaciones a los derechos humanos en el país. Estos se sumarán a 14 que ya se introdujeron, para un total de 47.
Por: El Espectador de Caracas con información de El Nacional
«Se trata de casos que han pasado por un exhaustivo proceso de investigación y constatación de evidencias. También se enviarán al Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que hace años inició los esfuerzos en el ámbito internacional para lograr que haya justicia en Venezuela», indicó la red en una nota de prensa.
Los primeros 14 expedientes en la CPI
La Red-CLH está integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza.
«En su labor de búsqueda de nuevos testimonios de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la Red logró construir los primeros 14 expedientes de casos que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad y que fueron remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», contó.
Y destacó que en 2021 inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas, consiguiendo declaraciones de venezolanos que emigraron a los diversos países de América Latina, Estados Unidos y España.
“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano. Por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”, explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH.
Se han registrado más de 300 víctimas
La Red-CLH informó que, además de los 33 casos que se verificaron y se remitirán a la CPI, se han registrado al menos 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir del año 2014.
“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas. Algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela al no existir separación de poderes los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.
Lea la nota completa aquí
