En su condición de representante del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional electa en 2021, el diputado Omar Ávila se dirigió en horas de la mañana de este viernes 18 de febrero, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para solicitar una seria investigación en relación al presunto tráfico de personas hacia Trinidad y Tobago con el que se «restringen los deseos de emigrar de muchos venezolanos».
Por: El Espectador de Caracas con información de El Nacional
Ávila, secretario general de la organización política Unidad Visión Venezuela (Uvivzla), consignó una comunicación en la que exige «se clarifique algunas incógnitas surgidas del evento, como por ejemplo: quién o quienes dejaron zarpar de forma insensata, la lancha atacada por una nave armada de Trinidad y Tobago».
Trinidad y Tobago
Calificó además de pertinente y necesario que se abra una averiguación, en vista de la gravedad que presenta ese hecho y destacó que, «no es solo desde Delta Amacuro donde zarpan peñeros y lanchas con rumbo foráneo, sino también en la localidad de Güiria, estado Sucre, en Falcón, Nueva Esparta y del propio estado Zulia».
Para el legislador existe una desproporción en la respuesta dada por parte de la guardia costera de Trinidad y Tobago al confrontar a una indefensa y endeble embarcación con viajeros civiles desarmados, con el agravante resultado de un niño fallecido, que contaba con apenas 16 meses de nacido. «No puede ser catalogado de otra manera, que no sea como un episodio criminal de crueldad extrema, en la que no se garantizaron los derechos humanos universales», dijo.
Resaltó que los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier cosa y más cuando es público, notorio y comunicacional que los tripulantes que iban en ese peñero no representaban ningún peligro para la isla. «Con haberlos detenido y deportado hubiese sido más que suficiente», afirmó.
Fue categórico al contrastar «la infame declaración del primer ministro de Trinidad y Tobago», y expresó la premura para que se dé «no solo una declaración por parte del Gobierno nacional, sino una acción contundente que nosotros estamos dispuestos a acompañar con toda vehemencia. Se trata de la vida de nuestros connacionales».
Poca actuación
En tal sentido cuestionó la lenta o poca actuación que exteriorizan tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo. «Tenían que haber actuado inmediatamente porque sencillamente la denegación del derecho a la vida de migrantes es un acto de defensa a la soberanía que como consagra la Constitución nacional reside en el pueblo. Hay que recordar que no es la primera vez que las autoridades trinitarias demuestran su xenofobia y profundos prejuicios hacia los migrantes venezolanos con actuaciones criminales que deben ser investigadas para castigar a los culpables de estos abominables actos», señaló.
