El presidente del Movimiento 7 La Voz Alcasiana, y miembro de la Coalición Anticorrupción en Bolívar, Javier Torres, informó que planifican ir a Caracas para hacer entrega de las pruebas de cada una de las denuncias hechas por irregularidades en CVG Alcasa, y solicitar que se aplique el operativo Mano de Hierro para los responsables de la debacle de esta y más industrias en la región.

Por: El Espectador de Caracas con información de Correo del Caroní

“Si investigan al PSUV en Bolívar se quedarán sin militancia”, afirmó Torres, en relación a los presuntos vínculos de altos funcionarios gubernamentales y de las empresas básicas, con cada una de las denuncias que reposan en los archivos de instituciones como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Fiscalía, Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.

Parte de estas denuncias se hicieron durante la gestión de Arquímedes Hidalgo y del actual gobernador Ángel Marcano, como presidentes de Alcasa. En ningún caso hubo respuesta por parte de ambos, tampoco una investigación concluyente por parte de las instituciones competentes.

Así como en la reductora de aluminio, existen denuncias de corrupción en el resto del holding CVG. Estas incluyen la persecución, acoso y despidos injustificados, principalmente a los que han denunciado públicamente estas irregularidades.

Torres recuerda, por ejemplo, un video grabado el 20 de diciembre de 2020. En el mismo se muestra una gandola con estructuras de celdas que salía de la empresa sin la respectiva guía de despacho. También el caso de unas bobinas que desaparecieron sin explicación.

La denuncia fue puesta en Fiscalía y la investigación quedó a cargo de los fiscales Danny Zambrano y Fernando Betancourt. Torres señaló que “casualmente” cuando comenzaron con las investigaciones, al primero lo destituyeron, y al segundo lo detuvieron bajo la acusación de corrupción.

Las averiguaciones nunca avanzaron y fueron archivando cada denuncia en la Fiscalía Cuarta contra la Corrupción.

Relató también que antes de las elecciones de gobernadores y alcaldes, acudieron al despacho del exfiscal superior de Bolívar, Manoel Gil Da Silva, detenido recientemente por presunto tráfico de combustible. Nunca los atendió.

“Estuvimos toda la mañana esperándolo. Cuando salió le dijimos que, por favor, nos atendiera porque teníamos denuncias de irregularidades en CVG Alcasa. Nos miró y se fue. Allí nos dimos cuenta que había conchupancia de estas instituciones con lo que ocurre en las empresas básicas”, dijo Torres.

Lea la nota completa en Correo del Caroní