Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela y Nicaragua, señala que la región debe “comprometerse más” con la crisis de estos países

Por: Florantonia Singer | El País

Una seguidilla de comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en la región. El fin de semana pasado condenaron las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela contra jóvenes varones en situación de pobreza. Luego alzaron la voz contra el asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado. Este lunes, la CIDH ha denunciado nuevamente la delicada situación de los presos políticos en Nicaragua, en particular la de las mujeres recluidas en precarias condiciones en la cárcel de El Chipote, sometidas, junto a sus familiares y defensores, a tratos vejatorios. “El encarcelamiento de las mujeres adquiere una dimensión propia que podría resultar en vulneraciones particulares a sus derechos, derivadas de su condición de género”, advierte el comunicado difundido. Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema de Panamá y relatora de la CIDH para Venezuela y Nicaragua, repasa las principales preocupaciones sobre lo que las crisis de ambos países implican para la región.

Pregunta. Han alertado sobre las condiciones de los presos políticos nicaragüenses, en particular los de El Chipote, ¿qué es lo que más le preocupa de esta situación?

Respuesta. El tema de la justicia, pues nuestras leyes y constituciones son baluarte de la vida de la gente. No son solo los tratados internacionales, sino lo que las leyes del propio país los que permiten que en un momento dado de transgresión se haga justicia. Me preocupa el sistema de justicia y esa falta absoluta de independencia para el manejo de las investigaciones. Leía hoy que se están colocando tipos delictivos en blanco, que no son tipos penales que la justicia reprende, se están condenando a personas a 12 años de prisión. Es otro concepto de la detención como respuesta social y la cárcel no es una respuesta social. Hoy que se reanudan los procesos suspendidos arbitrariamente, es más notorio el problema de sistema de justicia, porque permea todo, porque no está haciendo su trabajo.

P. ¿En qué momento se fue desviando el sistema de justicia en Nicaragua?

R. En 2016, en mi primer período como relatora me tocó también Nicaragua. En el 2017 que quise ir como invitada a un evento académico con organizaciones sobre los derechos de la niñez y se me negó la seguridad. El sistema de justicia es algo por lo que pueblo de nicaragüense luchó, pero a mí me dijeron esa vez que esas organizaciones no estaban para defender los derechos de los niños. Eso me indicó que el problema de justicia venía de atrás y esa injerencia sobre el órgano judicial se reflejó después cuando le quitaron la personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales. Nuevamente en mi condición de relatora para Nicaragua, quisiera hacerle un llamado a ese hombre y esa mujer (Daniel Ortega y Rosario Murillo) que dirigen el país a que nos sentemos en un diálogo realmente constructivo o a que se reconozca que van a imponer sus leyes y sus pautas y que eso es lo que hace un dictador, que permitan entrar y demuestren que El Chipote no tiene esas condiciones.

P. El tema de los presos políticos parece no haber tenido tanta prioridad en las agendas de negociación en ambos países

R. Para la CIDH sí es una prioridad, porque es la vida y la integridad de una persona en las condiciones que hoy se denuncian, son los testimonios de mujeres y hombres que están sufriendo tortura, que sus vidas están en peligro. Debe ser una condición sine qua non para todo diálogo.

P. ¿Qué pueden hacer los países de la región ante la indiferencia con que Nicolás Maduro y Daniel Ortega reciben los señalamientos y sentencias de la comisión y la Corte?

R. Aún a la región le está faltando la consciencia de humanidad, de compromiso con la gente, no del compromiso con ideologías. Se trata de la humanidad. En Venezuela hay seis millones de personas que se fueron de un país que era rico, hay una Nicaragua que mostró al mundo su lucha por la libertad y hoy está así. A nuestros países aún le falta este análisis más allá de la conceptualización política. Necesitamos una nueva humanidad, más solidaria y equitativa. Esos son los principales objetivos de un diálogo objetivo y constructivo, aunque hoy ni Ortega ni Maduro están dando ninguna muestra de un diálogo constructivo. No es un hombre o una mujer en el poder, es toda la institucionalidad de esos países que debe funcionar. Lo que estamos viviendo en los países para atender la crisis migratoria de Venezuela también está impactando nuestras democracias. No es el caso de Nicaragua ni el caso de Venezuela es el caso de la región.

P. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional?

R. Los líderes deben hacer este llamado a construir un espacio regional que permita establecer cuáles son los objetivos que nos guían. No se trata de una intervención. Yo no creo en intervenciones, Panamá vivió una y esa no es la respuesta. Hay que trabajar con todas las fuerzas de los países y encontrar juntos, porque tenemos que asegurarle al poder que el diálogo es sincero, respuestas democráticas sin agendas ocultas.

P. El informe de la Misión Independiente de la ONU y otros señalan que las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela son una herramienta de control social, ¿cuál debe ser el camino de la justicia en estos casos?

R. Partimos de la misma calificación, si son ejecuciones están fuera del Estado de Derecho. Es una fuerza de seguridad que ve al que está en la calle como enemigo, una institución de seguridad para quien no está a sus pies es su enemigo. Las ejecuciones extrajudiciales a la hora de la hora se van a constituir en crímenes de lesa humanidad y el propósito es ese: intimidar y acallar. ¿Qué hay allí? También hay un sistema de justicia donde la impunidad es la característica. Ya no solo son fuerzas policiales, sino grupos civiles que asumirán que están “limpiando la sociedad”. No se reconocen que son ejecuciones extrajudiciales, sino que las catalogan como “resistencia a la autoridad” y con esa frasecita están matando a la gente y por eso los venezolanos se siguen yendo. Eso va destruyendo el sentido de país, de comunidad, y cuando todo eso se pierde es tremendo. ¿Cómo vamos a vivir con temor incluso al vecino? Es lo que implica el control de la vida de la gente, para que no puedas ni hablar y es un peligro que nuestra región tenga esas realidades.

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