El régimen insiste en que se levanten las sanciones para reiniciar las conversaciones con una parte de la oposición en México. Una condición, en la misma línea que la presentada hace unos meses, cuando exigieron sin éxito la participación del testaferro Alex Saab como delegado del oficialismo.
La crisis venezolana, como hemos dicho, no es una simple crisis de nuestro exclusivo interés. Por el contrario, la tragedia venezolana es hoy objeto de la mayor atención y preocupación de la comunidad internacional. Los crímenes internacionales que se cometen en el país, es decir, las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, afectan los intereses de la humanidad, por lo que la comunidad internacional está facultada para actuar y exigir el cese de tales actos (atrocidades) que, como se expresa en el Preámbulo del Estatuto de Roma, “… desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”.
Las sanciones, muy distintas a las llamadas medidas unilaterales coercitivas a las que algunos perversamente asimilan, han sido impuestas a un grupo de funcionarios y personajes vinculados al aparato represivo de Maduro por participar en la realización de estos crímenes y en otras actividades que como las delictivas transnacionales, las relacionadas con la corrupción y otras conexas, y las vinculadas al terrorismo internacional, afecta la paz y la estabilidad internacionales.
Las sanciones, por lo demás legitimas y ajustadas al Derecho Internacional, son junto con los procesos que se abrirán en la Corte Penal Internacional las herramientas más importantes que tiene la oposición, más bien, los venezolanos y la democracia, para enfrentar al régimen y lograr que se libere a los presos políticos, el cese de la persecución y la tortura, los ataques a la libertad de expresión y en definitiva el ejercicio de todos los derechos humanos incluido el derecho a elegir libremente a las autoridades lo que supone, en este último contexto, para restablecer la democracia, la organización de elecciones libres, transparentes, seguras y supervisadas por la comunidad internacional.
El levantamiento de las sanciones no es posible mientras las cárceles estén llenas de civiles y militares victimas de tortura sistemática y de tratos inhumanos y degradantes, mientras continúe la persecución y la represión, mientras se nos prive del derecho de elegir libremente a nuestros gobernantes, mientras se nos imponga un sistema inaceptable de dominación partidista, en fin, mientras no se restaure el Estado de Derecho.
Independientemente de las dudas que pueda albergar la representatividad del grupo opositor que participa en las negociaciones con el régimen en México, ningún partido, ningún grupo, puede tomar decisiones fundamentales para la recuperación de la democracia, como solicitar el levantamiento de las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros a funcionarios y amigos del régimen incursos en delito internacionales, para presionar por el respeto de las normas de protección de los derechos humanos, sin tomar en cuenta la opinión de la mayoría de los venezolanos, quienes ante este tema consideran que ellas son necesarias mientras persista la ruptura del orden democrático.
Solicitar el levantamiento de las sanciones a los gobiernos que las han impuesto más, por supuesto, las individuales, es una enorme irresponsabilidad que abre espacio a la especulación. Sentarse en México a “negociar”, una vez levantadas las sanciones, sin esa herramienta fundamental, permitiría al régimen imponer las decisiones, ante el silencio torpe de quienes están en la Mesa de “Diálogo” lo que, como consecuencia de ello, significará el final de la lucha para recuperar la libertad.
En todo caso, es finalmente a los gobiernos de los países que han adoptado las sanciones a quienes corresponde decidir si las levantan o las mantienen, si las endurecen o las flexibilizan, si las amplían o las reducen.
