A mi regreso de vacaciones me debatía sobre cuál de los muchos acontecimientos ocurridos en el conflictivo globo terráqueo y en nuestro convulso terruño escribiría mi primer artículo de 2022. Habían pasado tantas cosas, menciono algunas (se me quedan muchas otras): la amenaza rusa de enviar fuerzas a Cuba y Venezuela si la OTAN se inmiscuía en Ucrania y el apoyo de Padrino López a dicha amenaza; las insólitas elecciones de Barinas después de haber sido intervenidas salvajemente por el TSJ; la polémica propuesta del referéndum revocatorio y la estocada oficialista para abortarlo; la permanente, impune y creciente actuación de grupos irregulares colombianos en distintos lugares del territorio venezolano. Pero mientras iba revisando la prensa me atrapó la noticia de que el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, solicitó a los tribunales del estado Táchira suspender la Feria Internacional de San Sebastián, debido a una corrida de toros programada a partir del 27 de enero en San Cristóbal.
En la misma noticia me enteré de que una actividad similar programada para el sábado 13 de noviembre de 2021 en la plaza de toros de Maracay y también de que cuando Saab (no Alex sino Tarek William) ocupaba el cargo (no lo ejercía) de defensor del pueblo, anunció en el año 2015 que iba a presentar un anteproyecto de ley contra las corridas de toros, propósito que reiteró el 20 de este mes presentará próximamente ante la Asamblea Nacional del régimen.
La llamada “fiesta brava” se popularizó en las primeras décadas de la Venezuela del siglo XX. Para ello invitaban a los toreros más importantes de España. También los hubo venezolanos, el más famoso fue César Girón. Pero a partir de los años noventa estos eventos comenzaron a cuestionarse a escala mundial por el desigual enfrentamiento entre torero y toro, torturado desde el inicio y mucho antes de llegar al esperado y celebrado desenlace de su muerte. Me enteré también de que Venezuela es uno de los ocho países del mundo donde aún se permiten las corridas de toros.
Si pudiera ver la noticia de manera aislada, aplaudiría esta decisión del fiscal. Pero como es difícil desprenderse del contexto y en especial de la indiferencia y complicidad de Saab ante la grave y continúa violación de los derechos humanos por parte de su gobierno, acusado internacionalmente de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y torturas a políticos, su “sensibilidad” por el maltrato a los toros más bien me irrita.
No puedo dejar de contrastar su “sensibilidad taurina” con su indiferencia y complicidad ante los horrores recogidos en el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, que además señala a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo por “inacción”. Y explícitamente al fiscal general -Tarek William Saab- por participar “de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
También ha sido indiferente ante la grave situación que se vive en el Arco Minero del Orinoco. No ha hecho esfuerzos por abordar la actividad criminal, ni por prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las operaciones mineras, teniendo en cuenta que la expansión de la minería ha afectado particularmente las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas, principalmente debido a la presencia de actores armados. Actividad que también ha tenido impactos ambientales y algo tan importante como la pérdida de control de sus territorios y recursos tradicionales, lo que también socava su derecho a la libre determinación.
No pasa inadvertido tampoco su silencio cómplice ante la guerra de Apure o las ejecuciones extrajudiciales, tanto por parte de las FAES, como de otros cuerpos de seguridad del Estado.
En su permanente acoso a la libertad de expresión es importante resaltar, entre tantas, por su relevancia y altivez, la ejercida contra Roberto Deniz, periodista del portal de investigación Armando.info, por sus revelaciones sobre el entramado de negocios de Alex Saab, acusado como operador financiero del gobierno y supuesto testaferro de Maduro que negoció con el hambre del pueblo.
Ante el creciente maltrato a la mujer y el aumento de los feminicidios, la actuación de la Fiscalía ha sido simplemente burocrática. Tampoco se ha pronunciado ante el grave deterioro de la salud y la nutrición que producen muertes y aumentan la diáspora. Y complete usted lo que falta, que no es poco.
Y aunque los toros tienen todo el derecho a que no se les siga sometiendo a una fiesta basada en su tortura y muerte, me gustaría hacerles comprender al menos a sus verdaderos protectores por qué me indigna la falsedad de este supuesto defensor.
