El 15 de octubre de 2019 Nicolás Maduro, anunció que daría a cada gobernador aliado del estado de Bolívar una mina de oro para financiar el presupuesto de sus territorios, reiterando con esto la apuesta del chavismo de convertir a la minería en el sustento económico del país.

Por: Espectador de Caracas con información de Infobae

La decisión de Maduro tenía otra intención, buscar que fueran los gobernadores los encargados de administrar las minas, y con esto ponerle orden a una zona que se le había convertido en completamente anárquica, el Arco Minero del Orinoco (AMO), un área de 111 843,70 km² (el 12% del territorio venezolano) que se extiende por tres estados y cuyas minas han estado históricamente controladas por violentas mafias locales llamadas “sindicatos” que no le son funcionales al chavismo.

Lo que no previó Maduro fue que su decisión no solo no serviría para inyectar de recursos a las gobernaciones, pues estas no tenían ni la capacidad administrativa, financiera, o policiva para controlar y poner a funcionar las minas, ni mucho menos para apaciguar la región, avivando el conflicto entre los sindicatos, las fuerzas institucionales del chavismo, y un tercer actor: «las guerrillas colombianas aliadas de Maduro».

Esta guerra por el oro venezolano comprende entonces un entramado de actores en conflicto y de intereses políticos, sociales y económicos que ha dejado una estela de muertos y violencia entre la población de los estados mineros, así como una grave afectación a los ecosistemas que comprenden el AMO.