Hugo «el Pollo» Carvajal, exjefe de la Dgcim, ofreció a la Fiscalía de Milán recabar información sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela a cambio de que se le conceda asilo en Italia.

Por: El Espectador de Caracas / Europa Press

Este nuevo movimiento de Carvajal se da luego de que su estrategia de colaboración con la justicia española no dio los frutos que esperaba, puesto que solo resta un trámite formal para que sea extraditado a Estados Unidos, que le acusa de tráfico de drogas y armas.

Carvajal hizo su oferta a los fiscales italianos Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda durante el interrogatorio que llevaron a cabo el martes durante poco más de una hora en la Audiencia Nacional para indagar en las finanzas del M5S, como parte de una investigación secreta en la nación alpina, reveló el diario El Confidencial y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Los representantes de la Fiscalía de Milán, de acuerdo con las fuentes consultadas, salieron con buenas sensaciones de la conversación con Carvajal, si bien no dieron una respuesta definitiva a su propuesta de ayuda a cambio de asilo, comprometiéndose únicamente a valorarlo.

En el entorno del Pollo Carvajal señalan que su postura es frenar su proceso de colaboración con la justicia española, puesto que tras dos declaraciones judiciales y un importante aporte documental no ha conseguido detener la maquinaria extradicional.

Este cambio de actitud, indican fuentes próximas a su círculo íntimo, se debe también a la situación de peligro que percibe la familia de Carvajal después de que dos personas muy cercanas, la niñera de sus hijos en España y un primo de su mujer, fueran detenidas el 3 de noviembre en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, procedentes de Madrid.

A su llegada a suelo venezolano, registraron su equipaje y encontraron una serie de documentación que estaría relacionada con las elecciones regionales del 21 de noviembre, tras lo cual fueron arrestados. Permanecen detenidos en la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim), otrora dirigida por el propio Carvajal, acusados de delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Investigación sobre Podemos

El mayor general venezolano en retiro inició el proceso de colaboración con la justicia española tras ser capturado el 9 de septiembre en una residencia de Madrid, en un operativo conjunto de Policía Nacional y DEA, después de pasar casi dos años prófugo para evitar ser extraditado a Estados Unidos.

El primer paso fue declarar voluntariamente días después, el 20 de septiembre, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, por unas diligencias sobre terrorismo internacional por el supuesto nexo entre ETA, las FARC y Venezuela pero habló también de la presunta financiación de Podemos con fondos venezolanos.

El Pollo Carvajal se comprometió a dar soporte documental a sus palabras y por ello envió al magistrado una serie de archivos que apuntarían a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero como receptores de dinero llegado de Venezuela y Cuba.

Todo ello propició la reapertura de una causa sobre las cuentas moradas que fue archivada en 2016 por tener entonces como única base el denominado Informe PISA. En una segunda y última declaración, Carvajal ratificó el 27 de octubre lo reflejado en esos papeles y aportó además una lista de testigos dispuestos a corroborar su relato.

Estos movimientos cristalizaron en un reciente auto dictado por el magistrado de refuerzo del juzgado, Joaquín Gadea, en el que encarga a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue los pagos que habrían recibido Bescansa, Monedero, Jorge Lago y Ariel Jerez del gobierno bolivariano.

Pendientes de EE UU

Su captura reactivó también su extradición a Estados Unidos, que quedó definitivamente aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque el Pollo Carvajal se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

Ahora mismo su entrega a Washington está paralizada a la espera de que la potencia americana envíe garantías por escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del trato que dará al militar venezolano en situación de retiro, para lo cual cuenta con un plazo de 45 días a contar desde el 29 de octubre.

Una vez recibidas estas garantías, la Sala de lo Penal podría seguir adelante con la extradición, a pesar de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo aún debe resolver las medidas cautelares solicitadas como parte de un recurso presentado por la defensa para revocar la negativa del Ministerio de Interior a concederle el asilo.