Una corte de Estados Unidos falló este sábado en contra de la orden del presidente estadounidense, Joe Biden, para hacer obligatoria la vacunación contra el covid-19 en aquellas empresas con más de 100 empleados.
Por: El Espectador de Caracas / EFE
El fallo fue emitido por la corte de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y se produce en respuesta a una petición que hicieron el viernes por la noche varias empresas y un grupo de estados conservadores liderados por Texas.
En el fallo, de tres páginas, la corte afirma que existen «serios» problemas constitucionales con la norma de Biden y, por ello, determina que es necesario bloquearla de manera temporal mientras se hace un examen más exhaustivo.
De los tres jueces que tomaron la decisión, dos fueron nombrados por el antecesor de Biden, el republicano Donald Trump (2017-2021).
En Twitter, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, escribió en mayúsculas: «GANAMOS».
«Esta lucha no ha terminado y nunca dejaremos de resistir las extralimitaciones inconstitucionales de esta Administración», subrayó Paxton.
El revés contra Biden se produce solo dos días después de que su Administración anunciara que las empresas privadas con más de 100 empleados deberán garantizar a partir del 4 de enero que sus trabajadores están vacunados contra el coronavirus.
En caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
Esta sería, hasta ahora, la medida más significativa anunciada por Biden para combatir la pandemia, ya que podría afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca.
Biden ya anunció en septiembre su intención de hacer obligatoria la vacunación, pero fue esta semana cuando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo dio directrices claras sobre cómo implementarla.
Cerca de 70% de la población adulta en Estados Unidos ya está vacunada con la pauta completa, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el fármaco.
