Pondré solo algunos ejemplos.
El 19 de junio de 2013, un grupo de encapuchados disparó hacia el Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Causaron daños en una edificación que forma parte de un conjunto que en el 2000 fue declarado por la Unesco Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. Pero esto les pareció poca cosa. A continuación, interceptaron dos autobuses y una camioneta, y los quemaron. Respondieron así a una protesta de profesores que, con el apoyo de los alumnos, exigían un aumento de sus míseros salarios.
El 12 de febrero de 2014, Día de la Juventud –proclamado en nuestro país en 1947–, se produjo el ataque contra la protesta pacífica de los estudiantes, que terminó con 3 asesinatos y 23 heridos. Nadie debe olvidar que el ataque se produjo en el contexto de una abusiva y desproporcionada movilización militar y policial. Ambas fuerzas, nada hicieron por impedir los asesinatos de Juan Montoya, Bassil Da Costa y Robert Redman. Sobre ese momento, por fortuna, hay una documentación amplísima –videos, fotografías, testimonios–, que no dejan lugar a dudas: se trató de una operación en la que las bandas criminales del gobierno actuaron amparadas por los organismos de seguridad del Estado.
Con la sociedad todavía en shock, el 20 de marzo de 2014, dos grupos paramilitares atacaron a estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCV, que participaban en una asamblea. Los golpearon brutalmente con tubos. Los robaron a todos: dinero, móviles, documentos personales y hasta los medicamentos que portaban algunos. Varios fueron obligados a desnudarse, entre ellos una estudiante que fue víctima de actos lascivos. Luego de terminar la faena, los paramilitares recorrieron la universidad en varios sentidos, exhibiendo sus armas y persiguiendo a los transeúntes. Además, y este episodio no puede perderse de vista, con spray pintaron la frase “Chávez vive” en varias paredes. Días después, el 3 de abril, el mismo grupo volvió a las instalaciones de la UCV en horas de la noche y disparó contra las luces que encontraron a su paso: cumplían con el plan de apagar la vida universitaria.
Más ejemplos. El 28 de abril de 2016, los motorizados armados volvieron, exhibiendo armas largas y cortas, mientras grupos de estudiantes realizaban una recolección de firmas. En julio, nuevamente aparecieron, en esta ocasión con un megáfono que usaron para lanzar insultos y frases como “socialismo o muerte”. Estas demostraciones de intimidación, amenazas o ejercicio directo de la violencia continuaron en 2017 y 2018. Son decenas los casos que podrían resumirse en este espacio.
En abril de 2019 aparecieron paredes pintadas, que contenían mensajes amenazantes contra profesores y dirigentes estudiantiles. Con pintura roja, al lado del nombre del amenazado, escribían la frase “vamos por ti”. Estos hechos se reprodujeron en Maracaibo, Mérida, Valencia, Margarita y Cumaná, en contra de estudiantes y profesores de la Universidad del Zulia, Universidad de los Andes, Universidad de Margarita y Universidad de Oriente. En Internet hay sobrecogedoras fotografías de casas que fueron marcadas con distintos símbolos, tal como los nazis hacían con los judíos en la Alemania de Hitler.
Es evidente, como revela el análisis de los hechos y del modo de operar, que estas prácticas de intimidación, amedrentamiento, destrucción patrimonial y brutal ejercicio de violencia psicológica y física, no constituyen hechos aislados. Forman parte de una planificación, cuyo propósito principal no es otro que el sometimiento de la UCV y del resto de las universidades del país. Para la vocación totalitaria del narcorrégimen, el paradigma de la autonomía es simplemente insoportable.
Un capítulo que no puedo omitir en el contexto de este artículo es la destrucción patrimonial de la Universidad de Oriente, cuyas sedes en los estados Sucre, Monagas, Bolívar, Nueva Esparta y Anzoátegui, han sido objeto de actos extremos de vandalismo, quema de las instalaciones y bibliotecas. Han sido robados equipos de aire acondicionado, computadoras, materiales e instrumentos de varios laboratorios, televisores, proyectores y un sinfín de cosas, que incluyen elementos de la propia infraestructura como pasamanos, rejas, grifería, tableros eléctricos, tuberías y todo lo que cabe imaginar. Lo que queda es una especie de paisaje posterior a una guerra: solo destrucción, donde antes había una vida constructiva.
De forma simultánea, por más de dos décadas, la Universidad Central de Venezuela ha sido sometida a un asedio administrativo y financiero. Se la ha empobrecido, al extremo de convertir la profesión del docente universitario en una práctica de indigencia. Uno de los hechos más atroces ocurridos en la Venezuela del chavismo-madurismo es la muerte por hambre de profesores universitarios. Hay que añadir que las consecuencias sobre la infraestructura son igualmente graves y dolorosas.
También, y esto no puede omitirse, hay que tomar nota de los ataques legales: haciendo uso del ilegítimo, ilegal y fraudulento tribunal del régimen, se han tomado decisiones que no tienen otro propósito que el de afectar el funcionamiento y la institucionalidad de la UCV y el resto de las universidades.
Que Maduro escoja la noche para ingresar y dar un breve paseíllo por la UCV no solo pone en evidencia lo que no puede hacer –visitar la UCV a plena luz del día, previo anuncio y sin una comitiva de guardaespaldas–; también revela el carácter siniestro, perverso de su política: arruinar la universidad, pasearse sobre su pobreza y agotamiento, para aparecer como su rescatador. Es el método CLAP –conducir a una sociedad a un estado de hambre, para luego ofrecerle bolsas de comida, de mala calidad, a punto de vencimiento o podrida–, pero esta vez aplicado a una de las más importantes y longevas instituciones del país: esa UCV que este 2021, justamente, cumple sus primeros 300 años.
