Si alguna faceta de la vida social y política de nuestra nación ha quedado severamente afectada, con la presencia del socialismo bolivariano en el poder es la relativa a la moral en todas sus dimensiones.
La reciente extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del ciudadano colombiano Alex Saab, ha develado a los ojos del país, de forma más notoria, la profunda descomposición moral del régimen madurista. El nivel del saqueo perpetrado contra las finanzas públicas, usando como pretexto a los pobres y la necesidad de hacerles entrega de alimentos, sirvió de coartada para convertir en potentado de dimensiones colosales a un modesto comerciante, que gracias a su asociación con la cúpula roja logró acumular en muy pocos años, una fortuna que solo es posible alcanzarla con largo tiempo de trabajo, creatividad e iniciativas capaces de ingresar a mercados de millones de consumidores.
El nivel de compromiso en el saqueo perpetrado llegó a tal profundidad que el mismísimo Nicolás Maduro lo asumió como su representante particular otorgándole rango diplomático. Es decir, pasó de proveedor privilegiado del régimen a funcionario de Estado, con el único fin de otorgarle una inmunidad e impunidad que le permitiera adelantar, con mayor facilidad, sus oscuros negociados en diversas partes del mundo.
La inmoralidad alcanzó hasta el punto de pretender convertirlo en representante del régimen autoritario en la mesa de negociación actualmente instalada en México. Pero el que le colocó la guinda a la torta fue el capitán Diosdado Cabello, quien confiesa como esa condición de diplomático fue un ardid, que su verdadero rol era el de vendedor por lo cual justificó los pagos, por cierto exorbitantes, que le hacían. Ahora bien, además de ser proveedor con sobreprecio de alimentos y otros insumos, el gran negocio de este clan delictivo era el acceso privilegiado a dólares preferenciales para hacer esas compras, tal como lo efectuó en alianza con el capitán Vielma Mora, utilizando como ente tramitador una empresa creada desde la Gobernación del Táchira.
Este es solo uno de los esquemas de negocios oscuros instalados a la sombra del poder autoritario. Pero la degradación del régimen ha llegado al nivel de convertir a un vulgar mercader, comisionista y traficante de influencias, en un ícono de la podrida revolución chavista. En efecto, ahora podemos observar en las calles de Caracas y otras ciudades del país la imagen de Saab, en afiches, vallas y pancartas, elevado a la categoría de “luchador social”, de “servidor de los pobres”, de “ciudadano ejemplar”. Un prohombre de la revolución por el que se convocan marchas y se organizan concentraciones del PSUV. Pronto se le levantarán estatuas y se imprimirán franelas con su imagen al estilo del Che. La razón de ese ascenso al altar de los dioses revolucionarios lo concede la circunstancia de haber sido judicializado en los Estados Unidos de América. El aparato de publicidad y propaganda del Estado socialista hace esfuerzos por abuenar la imagen del personaje, cuya vida de lujos, derroches y excentricidades nos la quieren ahora vender como la del “buen revolucionario”.
A una parte de nosotros, los ciudadanos que luchamos por una nación de valores positivos, de moral pública y privada, de trabajo honrado, de libertad y democracia, nos asquea e indigna esta farsa de la camarilla gobernante. Pero más nos duele apreciar la complicidad de unos y la indiferencia de otros ante semejante despropósito.
Ciertamente las dimensiones colosales, multimillonarias, del saqueo perpetrado por la barbarie roja, y del cual el caso Saab y sus colaboradores solo es uno de ellos, ha permitido a muchos ciudadanos apreciar con legitima indignación la dimensión del daño ocasionado, para entender que no tiene parangón en la historia mundial del último siglo. 21 años de revolución han generado un saqueo superior a 700.000 millones de dólares, parte de los cuales han estado apareciendo en las cuentas de más de un centenar de personajes de la revolución en la banca mundial. Edecanes, escoltas, asistentes, secretarias, enfermeras, ministros, generales, familiares, etcétera, del más cercano entorno de Chávez y Maduro, aparecen con cuentas multimillonarias en importantes bancos del mundo. Y no es que las cuentas tengan cantidades modestas. No, son cuentas con decenas de millones de dólares cada una.
Frente a tamaño desfalco el silencio, el disimulo y la complicidad del sistema de control político, fiscal y judicial del país no tiene parangón. Son eficientísimos cuando tienen que perseguir a un funcionario opositor, sobre todo en las administraciones regionales y municipales a quienes con razón o sin ella, se le aplican todas las medias sancionatorias posibles. Son perversos para utilizar las normas vigentes, previstas para castigar la corrupción, para forjar expedientes y utilizar estas instituciones como justificación para perseguir a los adversarios.
También son eficientes para perseguir con saña, con razón o sin ella, a sus propios funcionarios que han decidido salirse del anillo de hierro en que terminan viviendo. El caso Baduel es el mejor testimonio de esa perversa forma de utilizar el sistema de justicia.
Pero para quienes se mantienen alineados y firmes en sostener, defender y encubrir todo el esquema de saqueo a los activos del país, así como en cooperar a la represión y delación de la disidencia, se les garantiza la impunidad, su estabilidad en la nomenclatura del Estado, y además, se les asciende y reconoce como “buenos revolucionarios”.
No hay duda de que este clima de impunidad ha propiciado el surgimiento de nuevos actores económicos, cuya opulencia y desenfada exposición de una riqueza reciente, acumulada a la sombra del poder, ha generado una relajación de los valores morales del conjunto de la sociedad. No faltan, aún en la oposición política, los que sueñan con imitar a estos personajes. Esto explica la presencia en la escena pública de personas, sin trayectoria alguna, sin luchas comprometidas y comprobadas, pero con un afán desmedido de acceder a espacios del Estado para imitar a estos “buenos revolucionarios”, que “han sacrificado su vida” para “ayudar a nuestro pueblo a superar el bloqueo”, como los define Diosdado.
Lamentablemente ha crecido la idea, en importantes segmentos de nuestra sociedad, de que estar en una posición de poder es el camino para un enriquecimiento súbito. Y aquí entran desde los que aspiran un cargo de funcionario policial o militar de base, o un cargo administrativo en una dependencia pública, hasta quienes aspiran a una curul, un cargo de elección popular o elevadas posiciones en el aparato del Estado.
Nuestra nación requiere una renovación moral para poder sostenerse como tal. De continuar este proceso disolvente, que el chavismo ha potenciado a un nivel jamás visto en nuestra historia, nos convertiremos en un país donde el trabajo, la formación, el respeto al semejante, la paz y el decoro desaparecerán, para convertirnos en una sociedad de bandidos, cómplices y violentos donde la vida civilizada expirará.
Para ello es fundamental lograr la salida de la camarilla roja del poder. De ahí nuestro empeño en usar las herramientas a nuestro alcance, como el referéndum revocatorio, para impulsar ese cambio político. Más allá de esos segmentos corrompidos e inmorales existentes, en nuestra sociedad hay una reserva moral y ciudadana a la que debemos apelar. A esa reserva moral corresponde la tarea de salvar la nación y la República de Venezuela.
