Dentro del proceso de reinstitucionalización que se pretende adelantar en Venezuela respecto de los Poderes Públicos, otro de los que sin ninguna duda debe abordarse es la Defensoría del Pueblo. El papel de alerta ciudadano que este órgano tiene conforme a la Constitución de 1999, años antes de esta lo tenían en nuestro país los medios de comunicación quienes, a nivel nacional y en la provincia, eso hacían respecto de los excesos, omisiones o defectos del Estado. Lamentablemente para todos, cuando los dueños o directivos de dos de los principales medios nacionales a éllo renunciaron y se dedicaron a privilegiar sus intereses corporativos –lo cual fue copiado en alguna parte de nuestra provincia por otros- dicho papel entró en minusvalía.
Gonzalo Oliveros Navarro / @barraplural
Si se analiza desprejuiciadamente la manera como el constituyente de aquél año diseñó a la Defensoría del Pueblo debe concluir que ese es un Poder cuya función es actuar como contrapoder pues no solo debe garantizar la protección de los derechos humanos sino también debe realizar lo conducente para que, por la violación de estos, los causantes de ella respondan. Inclusive, el legislador de 2004 –anticipándose a un fenómeno que nos ha impactado fuertemente a partir del 2017- al aprobar la ley que rige a la Defensoría del Pueblo, en el artículo 30.17 de la misma, le estableció como atribución a dicho órgano “Proteger y defender de oficio o a petición de parte, a los venezolanos o venezolanas residentes o en tránsito en el exterior, contra violaciones a sus derechos humanos” lo que en la actual situación de nuestro país adquiere absoluta relevancia. Analizando el marco normativo uno debe concluir que el problema no es normativo, ha sido subjetivo.
La mayoría –por no decir todos- de quienes han ocupado el cargo de Defensor del Pueblo han sido personas vinculadas políticamente al proceso que en Venezuela se ha adelantado desde el 2 de febrero de 1999. Ciertamente todos ellos han cumplido con los requisitos que la Constitución y la ley establecieron para ocupar el cargo, pero el afecto o sus convicciones políticas privaron respecto del cumplimiento de sus obligaciones, así lo creo puesto que no han enfrentado en modo alguno decisiones y prácticas del Estado venezolano contrarias a lo que estaban obligados a garantizar.
Roberto Herrera –Musulungo- fue un jugador de beisbol cubano que, en Venezuela, integró por varios años las filas del equipo Leones del Caracas. Luego de retirado se convirtió en umpire y como tal fue contratado en muchas oportunidades para actuar en nuestro país y lo hizo de manera extraordinaria. Seguramente –en su fuero interno- era caraquista por haber jugado solo para ese equipo en nuestra tierra, pero cuando se ponía el uniforme gris y azul de umpire era esto, el árbitro, imparcial, lo que les garantizaba a los jugadores y al público un espectáculo de calidad. Ese es el ejemplo perfecto del Defensor del Pueblo.
La mayoría de los que han ocupado esa posición en Venezuela, que antes de llegar el proceso político actual criticaban –no sin razón- los defectos en las prácticas políticas del país en los últimos años de nuestra democracia, al asumir la posición de defensor olvidaron su conducta privilegiando su afecto partidario. Eso es lo que explica su omisión en materia de reclamo de derechos humanos, prestación de servicios públicos, torturas y migración por solo citar cuatro temas.
La reinstitucionalización obligará a designar en esa posición a un venezolano que cumpla los requisitos que la Constitución establece pero sobre todo a uno que privilegie la defensa del ciudadano por sobre sus afectos partidistas. A quienes hoy ocupan posiciones de poder una solución como esa es la más conveniente pues –de repetirse el ciclo al cual nos han acostumbrado- pudiéremos observar respecto de éllos las mismas conductas que hoy criticamos, lo que implicaría un círculo perverso perjudicial para todos.
La ausencia del señor Defensor del Pueblo venezolano de todos los asuntos que son de su competencia, la cual ha sido puesta en evidencia por todos los informes que respecto de la situación de los derechos humanos la comunidad internacional ya conoce y que tienen a parte del estamento que dirige los destinos del país a las puertas de una investigación penal internacional, es un alerta respecto de lo que estamos obligados a cambiar a través de la reinstitucionalización que en México se discute.
