Si alguna condición ha caracterizado el ejercicio de altas posiciones públicas en la Venezuela del siglo 21, es la ausencia de independencia en sus funciones. La mayoría determinante de quienes han integrado el Poder Ciudadano, el Electoral y el Judicial –cuando no su totalidad- en la mayor parte de estos veintidós años, han sido personas afectas al proceso político que desde el Palacio de Miraflores se ha implementado, generando como consecuencia que buena parte de las decisiones que ellos han adoptado, se encuentren mediatizadas por sus simpatías.
El Poder Ciudadano es una innovación de la Constitución de 1999 y se hizo, en palabras del constituyente “adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador” que se inspira en el Poder Moral propuesto por este en la Constitución de Angostura de 1819. El mismo lo integran el Fiscal General de la República, el Contralor General y el Defensor del Pueblo.
Desde el año 2000 en adelante, la Fiscalía que es el órgano monopolizador de la acción penal- ha estado dirigida por personas absolutamente identificadas con las ideas políticas que desde el palacio presidencial se han desarrollado y ha sido en función de ello que han desplegado su accionar, privilegiando en muchos casos la persecución personal contra el liderazgo opositor bajo el argumento de la comisión de hechos punibles, decididos siempre en última instancia por quienes también compartían las ideas gubernamentales. Así las cosas, la gestión de los últimos años ha sido retratada perfectamente en los distintos informes que, en materia de derechos humanos, organismos internacionales y aún la Alta Comisionado de los Derechos Humanos, han presentado públicamente dejando constancia de la violación a los mismos con cuando menos, la inacción de uno de los que debía velar por ellos.
Por lo que se refiere al Contralor General de la República, ha adolecido este del mismo vicio en su elección, sus simpatías con el proceso político, condición esta que contradecía la práctica política desarrollada en la época democrática durante la cual este -si no fue independiente- nunca simpatizó con el partido político del presidente de turno, en garantía de actuación. Desde esa instancia, prevalido de una disposición de la ley que rige dicha institución cuya constitucionalidad ha sido discutida internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha procedido igualmente a inhabilitar a cuanto opositor se considera con posibilidad de afectar los intereses del partido gobernante.
Otro de los organismos integrantes del Poder Ciudadano es la Defensoría del Pueblo. Quienes lo impulsaron en la constituyente respecto de él afirmaron que tenía a su cargo “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución” agregando que el mismo tenía como función esencial, “controlar al poder”, lo cual ha sido letra muerta en una etapa del país donde, dentro y fuera de él.
Es un hecho notorio comunicacional, tal como afirman los abogados por enseñanzas judiciales, que los ciudadanos venezolanos –dentro y fuera de nuestros país- hemos sido sometidos a violaciones de esos derechos por los que dicho funcionario estaba obligado a velar. Ha privado en su omisiva actitud –así lo creo- la circunstancia de que la mayoría de quienes han ocupado esa posición, tenían las mismas simpatías y afectos políticos de quienes dirigían los destinos venezolanos, estableciendo ya de suyo, una contradicción insalvable puesto que las violaciones de derechos humanos por lo general devienen del ejercicio del poder y es a este a quien el Defensor del Pueblo debía enfrentar, lo que no ha hecho ni hoy, ni ayer, así respetuosamente lo creo.
La reinstitucionalización del país pasa inexorablemente porque respecto de esos poderes, no solo es indispensable que se cumplan estrictamente las disposiciones constitucionales, sino también que, por via de acuerdo político, las mismas se complementen con la exigencia de que quienes lo ocupen carezcan de vinculaciones políticas, ciertas y efectivas con quienes ocupan las más altas instancias del país puesto que serán ellas las que habrán de controlar. Eso ya, de una u otra manera, en el pasado venezolano se hizo y en todo caso lo que corresponde es mejorarlo.
Si a las razones anteriores sumamos la circunstancia que todas las personas que ocupan en Caracas las oficinas de los titulares del Poder Moral, lo hacen por designación de la constituyente que no discutió un solo artículo, no sería difícil concluir que es menester hacer modificaciones que lo impacten positivamente. Así entonces, en el proceso de reinstitucionalización que en México se discute, ello debe también colocarse sobre la mesa, así lo creo.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
