La Comisión Europea propuso este miércoles que la Unión Europea desarrolle nuevas asociaciones operativas con los países que habitualmente cruzan los migrantes en su ruta hacia la UE para promover la lucha contra el tráfico de personas, que apoyarían agencias como Europol o Frontex mediante el intercambio de datos o la formación.

Por: El Espectador de Caracas / EFE

Esta propuesta se recoge en el plan de acción de la Unión Europea contra el tráfico de migrantes previsto para el periodo entre 2021 y 2025, presentado este miércoles por el Ejecutivo comunitario, que busca “interrumpir el negocio de los traficantes” que explotan a estos grupos vulnerables por motivos laborales o sexuales, entre otros.

Estas “asociaciones operativas antitráfico”, como las ha bautizado Bruselas, “buscarán reforzar los marcos legales, políticos, operacionales y estratégicos en los países asociados” y aumentar el impacto de los esfuerzos destinados a luchar contra el tráfico de migrantes, un tipo de delito que no implica necesariamente cruzar una frontera.

Las nuevas asociaciones, que la UE ya emplea en otros ámbitos con países como Mali, Mauritania, Níger o Senegal, se lanzarán de manera prioritaria en las regiones del Mediterráneo oriental y los Balcanes occidentales, así como en países del norte y oeste de África.

Bruselas también quiere mejorar sus herramientas para combatir este tipo de delitos cuando las herramientas empleadas por las redes criminales son principalmente digitales, como a través del uso de las redes sociales, transferencias bancarias o incluso con la vigilancia de las actividades de las fuerzas de seguridad.

Para ello, se prevé continuar mejorando la recolección de datos para entender mejor la naturaleza de este tipo de redes criminales y reforzar la cooperación con el sector privado, como los bancos, empresas de alquiler (incluyendo de vehículos), aerolíneas o servicios de transferencias de dinero.

En el marco de la lucha contra la inmigración irregular, también se quiere revisar cómo se están aplicando las directivas sobre sanciones a empresarios que emplean a migrantes irregulares, un factor considerado un incentivo clave para la inmigración de este tipo.

“Es perjudicial tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico, ya que expone a las personas a riesgos de explotación, provoca pérdidas en las finanzas públicas y reduce los derechos individuales y sociales”, advierte Bruselas.

Aunque el marco jurídico para combatir estas prácticas ya existe, la Comisión cree que se debe revisar su aplicación para evitar el uso ineficaz de las normas sobre sanciones y cumplir las normativas sobre inspecciones para detectar a los empresarios abusivos y proteger a los migrantes.

Para ello, la Comisión Europea quiere promover un grupo de diálogo entre países y expertos y el intercambio de buenas prácticas entre sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades nacionales de trabajo e inmigración, entre otros.

También se supervisará el cumplimiento de la directiva y se pondrán en marcha procedimientos de infracción en el caso de los países no cumplan los mínimos acordados para combatir el empleo de migrantes irregulares.

La Comisión, en cualquier caso, se pone de plazo hasta 2024 para revisar los progresos hasta entonces y decidir si es necesario cambiar la normativa.