Como una prioridad innegociable definieron miembros de ONG de defensa de derechos humanos, la inclusión de la libertad de los presos políticos de Venezuela en el diálogo que representantes del régimen y la oposición encabezan en México, con Noruega como mediador.

Por: El Espectador de Caracas con información de AlbertoRodNews

«Los intermediarios de la oposición a nuestra perspectiva, están cediendo demasiado a las exigencias del régimen. Dejar de lado el debate de los presos políticos es muy grave, algo que pisotea la libertad de los presos políticos por la exigencia de justicia», exclamó Manuel Virgüez, coordinador en Lara de la ONG Movimiento Vinotinto.

Desde que arrancó la negociación entre Gobierno y oposición en México, en el mes de agosto, en Venezuela han sido excarcelados seis presos políticos, de los cuales cinco no gozan de libertad plena porque se mantienen con medidas cautelares, lo cual igual representa una violación a sus derechos humanos, al debido proceso y a su libertad plena.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), sostiene que aunque han excarcelado a 6 personas desde que iniciaron los diálogos, tras las rejas se mantienen 317 presos políticos.

Uno de los primeros excarcelados bajo medida de presentación fue el diputado de la Asamblea Nacional (2015), Freddy Guevara, quien por exigencia del Gobierno integró la delegación opositora en México, reemplazando al embajador del gobierno interino en Estados Unidos, Carlos Vecchio. El diputado Gilberto Sojo fue excarcelado también bajo medida de presentación el 3 de septiembre, así como el responsable regional del partido Voluntad Popular en Guárico, Yovanny Salazar. El general de división, Pedro Naranjo, detenido desde 2018 señalado por traición a la patria, fue excarcelado el 11 de septiembre tras agravarse y ser diagnosticado con un tumor cerebral. La Fiscalía del Ministerio Público lo acusa de estar vinculado con la Operación Armagedón. Ricardo Monsalve, de Barquisimeto, le otorgaron arresto domiciliario el miércoles 15 de septiembre tras permanecer por más de un año en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en La Yaguara.

El único que tiene libertad plena y que apenas salió de la cárcel se inscribió como candidato a la Gobernación del estado Sucre, fue Ramón Martínez, exgobernador de ese estado. Quien permaneció 84 días detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

«El informe presentado el 16 de septiembre por expertos de la Misión Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, corrobora con una metodología rigurosa y exhaustiva lo que las víctimas, testigos de violaciones de derechos humanos y ONG del país han denunciado desde hace ocho años, en cuanto al patrón de impunidad que se ha establecido desde el Poder Judicial. Los órganos que integran el sistema de justicia han operado a favor de la impunidad, y de ninguna manera en ánimos de avanzar la investigación y juzgamiento a los responsables de estas violaciones masivas de DD. HH.», explicó la coordinadora general de JEP, Marta Tineo.

Asegura que un juez o un fiscal se convierten en cómplices de un funcionario policial o militar que es señalado de tortura, cuando mantiene a una persona detenida arbitrariamente.

La Misión Independiente de la ONU ha presentado dos informes sobre Venezuela. El primero fue de más de 200 páginas, basado en 177 entrevistas, publicado en octubre del año 2020.

«Incumplen los acuerdos»

Jorge Rodríguez, ficha clave del chavismo y jefe de la delegación venezolana para el proceso de negociación, denunció en un comunicado en días pasados que el intento de la oposición en la mesa de conversaciones de México, y de sus aliados extranjeros, de sabotear los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento en relación con la recuperación de activos de la nación.

Rodríguez recordó que el congelamiento de esos fondos es un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a los venezolanos, al tiempo que hizo público lo que llamó un categórico rechazo del Gobierno de Venezuela a este intento de sabotaje.

El comunicado emitido por la delegación gubernamental, menciona en particular la reciente decisión del Gobierno de Colombia de apropiarse y asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven.