La pandemia ha empeorado las condiciones educativas en las comunidades indígenas, en clara violación del derecho a la educación de los niños y niñas.

Por: El Espectador de Caracas con información de Nota de prensa Kapé Kapé

Tan sólo en Delta Amacuro, los estudiantes de por lo menos 320 caseríos con población warao vienen arrastrando irregularidades desde el año escolar pasado con el inicio de la modalidad a distancia por la falta de equipos electrónicos y la escasa y en la mayoría de los casos inexistente cobertura de internet.

Otra de las consecuencias de la suspensión de las clases presenciales es el deterioro acumulativo de las infraestructuras educativas.

En abril de este año, Jesús González, presidente del Sindicato de Educadores y de la Federación de Educadores de Venezuela en Delta Amacuro, aseguró que el 98% de las infraestructuras educativas clasificadas como interculturales bilingües de las comunidades indígenas de los municipios Antonio Díaz y Pedernales se encuentran en deterioro progresivo.

Según el docente, esta situación que se ha recrudecido con la pandemia, y afecta aproximadamente a una población estudiantil de 15 mil niños de 3 años a 15 años de los subsistemas de educación inicial, primaria y el bachillerato.

Derecho a la identidad: otra vulneración que pone en riesgo la educación de los niños indígenas

Padres de las comunidades indígenas del Caura y Erebato manifiestan que siguen las dificultades para poder tramitar las partidas de nacimiento en estos sectores del municipio Sucre de Bolívar.

Con la cercanía de un nuevo año escolar recuerdan la situación de vulneración de los derechos a la identidad y la educación de sus hijos.

Camilo Asatali, es uno de los maestros preocupados por esta situación de cara a las inscripciones del nuevo año escolar 2021-2022. Manifiesta que los niños indígenas de estos sectores no tienen partida de nacimiento, requisito primordial para su inscripción.

Como opción para no excluir a los niños del sistema educativo, en los últimos años las escuelas han optado por inscribirlos como oyentes, pero por falta de los documentos necesarios para validar su inscripción, no son registrados formalmente ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En el año escolar que recién terminó, por lo menos 300 niños indígenas yekwana y sanema de estas comunidades cursaron de esta manera.

Las comunidades warao diseminadas en los caños, ríos e islas del Delta del Orinoco están también sin Registro Civil.
Anteriormente funcionaban los comisarios rurales, que llevaban el registro de los nacimientos y las defunciones en libros de actas para su respectiva entrega en la prefectura de la ciudad. Desde que desapareció esta figura, la población infantil de 320 comunidades waraos no tiene posibilidad de sacar su partida de nacimiento en sus sectores por la falta de Registro Civil.

Jesús Calderón, expromototor de la Misión Sucre en el municipio Antonio Díaz de Delta Amacuro, dió a conocer que cerca de 3 mil niños y niñas están sin su partida de nacimiento desde el año 2017 en la parroquia Manuel Renaud del bajo Delta.

Las comunidades indígenas de Amazonas también están afectadas por la falta de registro y expedición de actas de nacimiento. Se trata de una constante en los ejes carreteros norte, sur, y sureste, así como en las comunidades indígenas de las periferias de Puerto Ayacucho.

En el eje carreto norte, Kelwin Martínez, indígena jivi, informó a Kapé Kapé que tienen alrededor de 50 niños sin partida de nacimiento, específicamente en las comunidades Topocho y Albarical. Señala que el principal argumento de los funcionarios del Registro Civil del municipio para no atender a la población es la pandemia de la Covid-19.

En el eje carretero sur, el activista de derechos humanos, Andry Sarmiento lleva el registro de más de 180 niños y niñas sin partidas de nacimiento en las comunidades Platanillal, Rueda, Coromoto, Porvenir entre otras del municipio Atures.

El colapso de los servicios básicos también afecta la calidad de la educación en las comunidades indígenas

En las comunidades indígenas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro no están dadas las condiciones para aplicar el sistema de educación a distancia implementado para prevenir el coronavirus.

La carencia de telecomunicaciones, la deserción escolar de estudiantes y profesores, la falta de información y transporte son algunas de las complicaciones que tienen que enfrentar los maestros para aplicar el plan de educación a distancia que ordenó ejecutar el gobierno nacional como alternativa para que los niños y adolescentes puedan cumplir con las actividades escolares en medio de la cuarentena impuesta por el COVID-19 en nuestro país.

Esto sumado a las largas jornadas de interrupciones eléctricas y todo tipo de telecomunicaciones que se prolongan hasta por 24 horas o incluso más, ponen en tela de juicio la calidad de la educación que ya por dos años escolares vienen recibiendo los menores de las comunidades indígenas.

A pesar de su corta edad, los niños y jóvenes de estas comunidades están conscientes de las limitaciones de sus escuelas.
En el informe sobre deserción escolar realizado por Kapé Kapé en 2019, el 95% de los estudiantes reportó que las mismas están en condiciones entre regulares y deplorables, y que éstas no cuentan con servicios básicos como agua, recolección de basura, propiciando de este modo que los centros educativos sean espacios de insalubridad y cultivo de enfermedades.

Otro aspecto importante destacado por el 87.3% de los estudiantes fue que el tiempo de traslado hacia la escuela oscila entre 15 minutos y una hora y que el modo de desplazamiento hacia la misma es a pie (91,5%).

Todos estos elementos son un caldo de cultivo para la deserción escolar. En la misma encuesta, la falta de recursos económicos de los padres, la inasistencia de los maestros, trabajar para ayudar en el hogar y la lejanía de la escuela fueron las principales respuestas de los estudiantes sobre sus razones para abandonar su educación.

Estas irregularidades que siguen agravándose con el tiempo y que afectan no sólo el presente, sino el futuro de las comunidades indígenas, deben ser punto de agenda permanente en todos los niveles de gobierno de nuestro país.