El asesinato del presidente Jovenel Moïse abre un escenario de incertidumbre sobre Haití, y también en su entorno regional mas inmediato. La primera pregunta es: ¿Quien manda? Obvio, aquel que controla a la Policía y al Ejército, y que además es reconocido por los EEUU. Hasta ahora, Claude Joseph quien ejercía como Primer Ministro al momento del asesinato del presidente es quien mantiene las riendas del poder tras decretar el estado de sitio.
Los tres poderes del Estado están acéfalos
Institucionalmente la crisis no puede ser mayor ya que los tres poderes del Estado hoy están acéfalos. El Ejecutivo ha quedado descabezado de una manera dramática. El Congreso en la práctica no funciona desde 2020, al no convocarse las elecciones correspondientes en 2019. La cúpula del Poder Judicial tampoco funciona por diversas causas y dos días antes de su muerte el presidente designó a un nuevo primer ministro: Ariel Henry, quien no alcanzó a asumir el cargo en reemplazo de Claude Joseph.
Para complicar aún más la situación, la Constitución de Haití establece que Moise debería ser sustituido por el presidente del Tribunal Supremo, quien murió recientemente de covid-19. Por ello, lo que queda del Senado —10 de un total de 30 senadores— acordó designar a Joseph Lambert, el hasta ahora presidente del Senado como nuevo presidente. Pero el primer ministro en funciones ha ignorado de momento la designación.
El poder de las pandillas haitianas
Pero más allá del sector formal, en Haití proliferan las “gang”, pandillas fuertemente armadas que controlan determinados territorios, especialmente en la capital. Estas se organizan en el “G9”, una federación criminal liderada por Jimmy “Barbecue” Cherizier, un expolicía que emplea un lenguaje populista, crítico con los “oligarcas” y que mantuvo nexos con sectores del oficialismo. No es el único, muchos observadores advierten vínculos entre caudillos políticos y empresariales con estas organizaciones criminales.
Estas pandillas han podido desarrollarse debido a la debilidad del Estado para garantizar la seguridad. Para darse una idea, solo en el mes de junio asesinaron a 30 policías y efectuaron mas de 200 secuestros. La policía, de alrededor de 15.000 efectivos, en proceso de desarrollo aún, no controla todo el territorio. El gobierno de Moïse dispuso hace poco la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, disueltas hace años, y de momento el primer contingente de 500 efectivos está concluyendo su formación con asesoría mexicana.
Consciente de su precariedad, el primer ministro interino le ha pedido a Estados Unidos apoyo de todo tipo. Pero por ahora, ni Estados Unidos ni la ONU están en condiciones (y menos convencidos) de enviar tropas a la isla. Hasta su muerte, tanto Estados Unidos como los organismos multilaterales le venían exigiendo al presidente que llamara a elecciones y entregara el mando en 2022. Finalmente, estas habían sido convocadas para septiembre de este año, pero ante el contexto actual es impensable que se puedan llevar adelante bajo unas condiciones mínimamente aceptables.
Al caos político se suma el desastre económico que se profundizó aun más con la pandemia. Según datos de Cepal y el Banco Mundial, 60% de la población vive en la pobreza (alrededor de 6,3 millones) y de ellos 24% en pobreza extrema, la inseguridad alimentaria crónica alcanza a la mitad de la población mientras que los dólares escasean cada vez más. Y si bien la migración ha sido una tradicional válvula de escape para los haitianos, la pandemia la ha bloqueado con el cierre de fronteras.
Sin embargo, una profundización de la crisis podría derivar en una emigración masiva. En primer lugar, hacia República Dominicana, que de momento cerró sus fronteras con cerca de 9.000 soldados. Otro destino, más deseado, pero más complejo de alcanzar es Florida, muchas embarcaciones —sin sistemas de navegación— terminan arribando a las costas de Santiago de Cuba, mientras en menor medida otras buscan la Guyana francesa. Antes de la pandemia, los migrantes haitianos privilegiaron Brasil y en especial Chile.
En el plano internacional, el asesinato del presidente abre varias interrogantes: ¿quién contrató a los mercenarios colombianos? ¿Quién y cómo se controla el accionar de empresas de seguridad privadas que se dedican a reclutarlos y equiparlos? Hasta ahora las investigaciones apuntan a CTU Security, que opera desde Miami y que es propiedad del ciudadano venezolano Antonio Intriago Valera, quien posee buenos socios en Colombia. A nivel local, la duda que queda por despejar es quién o quiénes son los autores intelectuales del magnicidio.
Más allá de los autores y motivos de la muerte del presidente, el tema de fondo en Haití es la carencia de la institucionalidad en un país expoliado históricamente por las potencias coloniales y desbastado por el azúcar amargo, que liquidó buena parte del campesinado para concentrar la tierra y la riqueza en pocas manos. En definitiva, un país con mucha pobreza y poco Estado.
Gabriel Gaspar es politólogo, ha sido profesor en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en la Academia Diplomática Andrés Bello y en la UAM y UNAM (México). Exsubsecretario de Guerra del Ministerio de Defensa de Chile y exembajador.
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