Ramón Guillermo Aveledo
Defiendo la Constitución. Su diseño no es perfecto pero tiene, en sus principios fundamentales, su carta de derechos humanos y su distribución del poder, elementos suficientes para enmarcar la convivencia libre, pacífica y plural de todos los venezolanos. Ese inmenso valor en nuestra sociedad fragmentada es una ventaja que no deberíamos perder.
Nuestros establecimientos penales, drama y con frecuencia tragedia, se han convertido en un “cangrejo” para los gobiernos. Vuelve como tema con su incorporación a la agenda de una creación que es reconocimiento implícito de varios fracasos. La verdad es que las bases de una política penitenciaria nacional moderna están en la Constitución, en texto redactado por la pluma experta y de indiscutible auctorictas del constituyente Elio Gómez Grillo, por décadas profesor de Criminología en la querida UCV.
Artículo 272.- “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaritas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
En 1999 la única ley aprobada por el Congreso disuelto fue la de Régimen Penitenciario, en armonía con esa pauta constitucional sancionada en diciembre. Anterior era la del Fondo de Edificaciones Penitenciarias que en entorno económico normal ofrecía posibilidades prácticas para afrontar esa cara del desafío de la cárceles. Ninguna se aprovechó.
Años de tenaz insistencia tiene el Observatorio Venezolano de Prisiones, premiada en 2017 por Amnistía Internacional y su admirable vocero Humberto Prado, han buscado jerarquizar y proponer soluciones a este terrible aspecto de nuestra crisis. En la Constitución está la guía. Atrevámonos.
