El 27 de julio comenzará el proceso contra el cardenal Angelo Becciu. Se le acusa de “supuestos delitos de malversación de fondos y abuso de poder también en complicidad, así como de soborno”.

Por: El Espectador de Caracas con información de Romereports

En septiembre de 2020 el Papa le obligó a renunciar a los deberes y derechos del cardenalato, pero le permitió mantener el título.

El tribunal vaticano lo procesará junto a otros 9 implicados en la trama por el uso opaco de los fondos reservados de la Secretaría de Estado.

Entre los otros acusados están los dos ex responsables de la AIF, el organismo de control financiero del Vaticano. Se trata de René Brülhart, ex presidente, y Tommaso Di Ruzza, antiguo director. Los fiscales no comprenden cómo no detectaron ni bloquearon la operación.

Los otros procesados son ex empleados de la Secretaría de Estado (Mauro Carlino y Fabrizio Tirabassi); personas que trabajaban como asesores del Vaticano (Enrico Crasso y Cecilia Marogna); e intermediarios financieros (Raffaele Mincione; Nicola Squillace y Gianluigi Torzi).

Cecilia Marogna convenció a Angelo Becciu de que podía mediar para la liberación de misioneros en África y Asia. Y él la contrató y le entregó medio millón de euros para este trabajo. Pero no parece que gastara ni 1 euro para liberar a nadie. Lo gastó en productos de lujo.

El resto de imputados están relacionados con una inversión de la Secretaría de Estado que comenzó a fraguarse en 2014, la compra de un edificio en Londres. Costó 320 millones de euros y su valor de mercado ahora es muy inferior al precio. La operación se realizó a través de intermediarios que se llevaron comisiones de millones de euros.