El abogado británico Karim Khan, de 50 años, ha tomado posesión este miércoles de su cargo como nuevo fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI). Le ha entregado el testigo la jurista gambiana Fatou Bensouda, que ha cumplido su mandato de nueve años y ha hecho bandera de la lucha contra los delitos sexuales y de género. A Khan le aguarda, entre otras, la investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, e igual tarea en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Ambos casos cuentan con el rechazo de Estados Unidos e Israel y él deberá emplearse a fondo para evitar presiones políticas. También necesitará buscar el apoyo de la comunidad internacional para que no se pierdan las peticiones de auxilio de las víctimas por falta de visibilidad y presupuesto de la propia corte.
Por: El Espectador de Caracas con información de El PAÍS América
Tras jurar emocionado el cargo, el nuevo fiscal ha dicho que en siglo XXI “se siguen cometiendo crímenes medievales y el Tribunal representa una promesa de futuro”. Luego ha mostrado su intención de “fomentar el compromiso para que puedan celebrarse juicios en condiciones a escala local, porque la ley no se exporta sino que es patrimonio de la Humanidad”. Una vez subrayada su independencia profesional, ha pedido “paciencia a las víctimas, auténticos héroes por su búsqueda de la justicia, mientras abordamos las reformas necesarias”. Al final, ha prometido que rectificará de inmediato “el desequilibrio de género patente en el seno de la Fiscalía para mejorar su rendimiento”, y se asegurará de que las investigaciones sobre los casos “son lo bastante sólidas como para soportar el escrutinio de los jueces a la hora de probar los hechos”. Las causas en las que el TPI tiene competencias son limitadas pues este tribunal se concibió como una instancia de último recurso que se pone en marcha de tres formas: cuando los tribunales locales no pueden o no quieren hacerlo, a instancias de la ONU, o bien de oficio, por parte de su Fiscalía. Su nuevo titular, Khan, ha hecho votos por impulsar la cooperación con los países investigados.
En su despedida, Bensouda, de 60 años, dijo que había hecho lo posible por apoyarse “solo en la ley, sin miedos ni favores”. Karim Khan fue elegido el pasado febrero en Nueva York, en segunda ronda, con los votos de 72 de los 123 Estados miembro del TPI. Llega de dirigir el grupo encargado por Naciones Unidas de investigar los crímenes perpetrados por Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) contra la minoría yazidí en el norte de Irak. Una labor que concluyó este mayo con la presentación de un informe ante el Consejo de Seguridad, donde aseguró que “hay pruebas convincentes de que se cometió un genocidio contra los yazidíes, con crímenes horrorosos que rompen el alma”. Ahora afronta el reto de inspirar confianza y credibilidad en la Fiscalía, donde un grupo independiente de expertos ha constatado un ambiente de acoso e intimidación. Khan conoce a fondo el TPI porque en sus salas de vistas defendió al exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, y al vicepresidente keniano William Ruto, y ha representado a Saif el Islam, hijo del dictador libio Muamar el Gadafi.
Bensouda deja sobre la mesa del nuevo fiscal dos asuntos relativos a minorías musulmanas perseguidas que él deberá evaluar. Se trata, por un lado, de las denuncias de crímenes contra los rohingyá, deportados a Bangladés desde Myanmar, país que no forma parte del tribunal. Bangladés sí lo es, y de ahí que los jueces autorizasen en 2018 la primera fase de lo que puede convertirse en un caso durante su mandato. La suerte de los uigures, en China, es el otro expediente. China tampoco es miembro del TPI, y aunque la fiscalía carece de competencias para investigar la represión sufrida por este grupo en suelo chino, la fiscal saliente indicó en 2020 que mantendría abierto el dosier a la espera de recibir más datos.
Poco antes de su marcha, Bensouda pidió a los jueces la apertura de una investigación sobre supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en Filipinas durante la “guerra contra las drogas”, del presidente, Rodrigo Duterte. El mandatario retiró en marzo de 2019 a su país del tribunal, pero la salida no afecta al abordaje de unos hechos que pueden sumar miles de muertos ocurridos a partir de 2016.
El TPI no forma parte de la ONU, aunque su texto fundacional, el Estatuto de Roma, fue negociado en 1998 en el marco de la organización. La corte opera desde hace dos décadas como la única instancia permanente para perseguir a los principales causantes de las peores atrocidades: el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, y Khan lidiará con las dos crisis existenciales del organismo. Se trata de la ausencia de países como Estados Unidos, China, Rusia, India e Israel entre sus miembros, y las críticas desde África. De ese continente, proceden sus acusados hasta la fecha. Al jurista le corresponde abrirse a otras regiones y juega a su favor el desarrollo tecnológico, que puede facilitar su labor y mejorar así la imagen del organismo.
Falta de apoyo
Algunos casos no han seguido adelante por falta de apoyo de los países donde se investiga, pero “la información digital carece de fronteras, y puede ser consultada sin tener acceso físico a un territorio”, señala Raquel Vázquez Llorente, representante permanente ante el TPI de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Al teléfono, explica que se trata “de un avance crucial para los investigadores, y la tecnología tendrá un papel clave en futuros juicios de crímenes de guerra y contra la humanidad”. Según ella, nunca sustituirán a las declaraciones de los testigos y el sistema debe adaptarse, “pero en una corte internacional como esta, sin una fuerza policial, las pruebas digitales pueden ayudar”. La fiscalía ya cuenta con una Junta Asesora de Tecnología externa para mantenerse al corriente. La experta animaría al fiscal “a informar a los supervivientes desde las primeras fases, ya que la desinformación y la información errónea o falsa son más fáciles de difundir a través de Internet”.
Khan es el tercer fiscal jefe del tribunal (el primero fue el argentino Luis Moreno Ocampo) y deberá buscar asimismo recursos para mejorar la visibilidad del tribunal. Vázquez Llorente asegura que el conocimiento acumulado por la Fiscalía es incalculable y la toma de posesión de Khan le parece “una buena oportunidad para que la comunidad internacional reconozca los avances llevados a cabo en el enjuiciamiento de estos crímenes”.
