La administración Maduro decidió prorrogar por 30 días el traslado de los presos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Así lo precisó la Gaceta Oficial N° 42.147, decreto 4.528, postergando la movilización de los reclusos a centros penitenciarios.
Por: El Espectador de Caracas con información de CaraotaDigital
“Según Gaceta Oficial N° 42.147 de fecha viernes 11/06/2021 y Decreto 4528, se prorroga por un lapso de 30 días el traslado de los presos, que aún se encuentran en la Dgcim y Sebin a los establecimientos penitenciarios”, informó Joel García en su Twitter (@joelgarcia69).
De tal forma, esta medida del Palacio de Miraflores postergó lo estipulado en la Gaceta Oficial del pasado 12 de mayo. Esta medida instruyó a la Dgcim y al Sebin a “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.
Sin embargo, cerca cuando se cumplirían esos 30 días, las autoridades decidieron postergar hasta el mes de julio el traslado de los presos.
Traslado de los presos políticos
La ONG Foro Penal precisó que, hasta el 10 de junio de este año, la administración Maduro contaba con 302 presos políticos. Esta organización defensora de derechos humanos ha indicado que el Sebin y la Dgcim son los responsables de la custodia de la mayor parte de estos reclusos, según reseñó el medio de comunicación France 24.
La posibilidad del traslado de los presos político a cárceles comunes generó varias críticas entre la oposición a la administración Maduro. “Es de suma gravedad debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo”, advirtió Delsa Solórzano, diputada electa en las parlamentarias de 2015.
Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) analizó la situación de los derechos humanos en Venezuela, incluidas las condiciones de los presos políticos. Como resultado, dichos investigadores concluyeron que hay evidencias para afirmar que la administración Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.
