El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el Gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de esos socios que se ha granjeado durante décadas. Entre ellos a un grupo de mexicanos. Lo que en un primer momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energéticas de un sistema socavado por décadas de corrupción y dinamitado durante el apagón derivó con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Por: El Espectador de Caracas con información de Antilavado de Dinero
Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info revela cómo se urdió esta red que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco multimillonario.
En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo se podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad, muy similares a las que se utilizaron durante la guerra de Irak, que sirvieran para paliar los efectos de la escasez energética. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones de hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del Gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluso con algunos implicados —que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias— atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.
El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde 2014, principalmente por Estados Unidos, para presionar al Gobierno de Maduro y tratar de forzar un cambio que nunca ha llegado. Hoy las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y la Administración para lograr una salida a la crisis del país. Lo que sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por temor a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Y en el centro de toda la presión ha estado Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Después de que la petrolera estatal sufriese de escasez de divisas, que el Gobierno utilizaba para todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a operaciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.
Delcy Rodríguez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del Gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista, y un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Se plantearon distintos negocios. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad, se formuló la posibilidad de lograr unos camiones cisterna de agua potable. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, una puerta que les permitiría entrar y sacar de México cargamentos a gran escala. Ni Delcy Rodríguez ni el Gobierno venezolano han respondido a las solicitudes de entrevista para esta investigación.
La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval —el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA— , quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer negocios con maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se harían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían vía Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él había participado en la trama de los CLAP, los comités de distribución de alimentos promovidos por el chavismo. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas —cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cartel de Bogotá— idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.
Esa serie de contactos fue cobrando forma al regresar a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción a partir de la investigación de EL PAÍS y Armando.info, Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que por aquel entonces trabaja en Diversidad, la empresa de José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les han planteado.
En mayo de 2019, Murat regresa a Caracas, esta vez con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo era concretar las operaciones habladas. Aunque en ese momento se planteó que los pagos se hicieran en euros o en rublos, finalmente la opción que fructificó un mes después fue el intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable. La moneda que se baraja para las transacciones es el euro. Zerpa aseguró que pedirían a un tercer actor que efectúe el pago, el 70% como anticipo. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que el mismo se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.
Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa —hoy también sancionada por Estados Unidos—, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.
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