Caracas. Aquel jueves 3 de diciembre en la mañana, nadie en la familia de Oswaldo Cisneros imaginó que la tristeza por la muerte del magnate terminaría convertida en asombro. Desde el lujoso escritorio jurídico Tinoco, Travieso, Planchart y Nuñez, donde se dio apertura al testamento, algunos herederos asistieron compungidos, de negro cerrado, vía zoom: en la pantalla estaban desde la viuda Mireya Blavia de Cisneros en Panamá -acompañada por su abogado Silvestre Tovar y rodeada por la mayoría de los hijos que adoptó con Cisneros-, hasta las hijas del empresario, Maritza, María Ella y Claudia, conectada junto a su esposo Andrés Capriles.
Por: El Espectador de Caracas con información El Cooperante
En otra pantalla aparecían también dos de los directivos de sus empresas y, por supuesto, Ella Fontanals, la segunda esposa de Oswaldo y madre de tres hijas del empresario, Claudia, Maritza y María Ella. Aunque Maritza es hija del primer matrimonio de Fontanals, pero también fue adoptada por el multimillonario. Eso que llaman una familia extendida y que, hasta ahora, parecía llevarse bien. O al menos disimulaban sus diferencias.
Pero cuando la lectura llegó a la Cláusula Séptima, donde Cisneros dejaba en manos de dos Albaceas Testamentarios la administración de la herencia, se desató la guerra que, como todas las guerras, se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminarán. Y la de los Cisneros está en pañales: por un lado quien inició la pelea, la viuda Mireya Blavia – casada en Capitulación de Bienes y quien no hereda nada- y sus seis hijos adoptados, dos de ellos menores de edad, quienes sí aparecen como herederos en el testamento. Por el otro lado pugnan las hermanas Claudia, María Ella y Maritza Cisneros Fontanals mientras en alguna esquina de este complicado ring está el Seniat -que ha calculado la herencia de Cisneros en más de 10 mil millones de dólares para quedarse con el 30%- y, por si fuese poco, la hija biológica Claudia Cisneros, quien decidió abrir su propio frente de batalla para impugnar, ella sola, la adopción de todos los hermanastros, lo que podría incluir a Maritza. Es decir, hijos de sangre versus hijos adoptados.
Todos ellos luchan acompañados por un ejército de más de 40 abogados quienes también pululan sobre la miel de dólares que presuntamente dejó Cisneros, el super empresario que además de todas sus empresas conocidas, también es propietario de una isla en el Caribe, cuatro aviones, edificios y otros inmuebles en Venezuela, Italia, Roma y Nueva York, construcciones de lujo en Caracas -como Torre La Esmeralda en La Castellana y el edificio Luxor en Las Mercedes, entre otras «pequeñeces»-, más cuentas bancarias millonarias en dos o tres países.
Bienes cuya propiedad algunos ya se atreven a poner en duda dada la inmensa deuda que deja y la falta de liquidez suficiente para cubrir el altísimo tren de vida de todos los herederos. Obligaciones a las que se debe agregar las reinversiones a las que hay que atender de manera inmediata y que también dejó el magnate, pero de las cuales nadie se querrá hacer responsable. A estas decenas de abogados se les une el avispero de jueces y funcionarios del poder judicial los cuales, en una suerte de subasta por el quién da más, podrían hasta modificar la legislación de Venezuela para beneficiar a unos o a otros, como ocurrió en 2014 con el divorcio de Víctor Vargas, residente del BOD, caso que llevó a cambiar el Código Civil para que pudiera divorciarse a su manera.
La viuda se opone a la figura de los Albaceas y eso mantiene paralizado el caso. Y si bien es muy difícil que consiga la anulación de esta figura, al menos ha impedido que el Tribunal de Menores los haya juramentado como ordena la Ley, y mientras estos no se juramenten la repartición de la herencia permanecerá paralizada. Pero sus rivales se aferran al hecho de que los hijos adoptados fueron registrados en Rumania y Colombia, sus países de origen, pero la pareja no hizo el registro correspondientes en Venezuela. Adopciones que se produjeron casi anualmente desde su matrimonio en 2001 y que es la única protección con la que cuenta la viuda a la hora de heredar.
Como se sabe, Cisneros dispuso en el testamento la designación de dos albaceas, una figura jurídica que nace cuando el testador, es decir, quien deja la herencia, desconfía que sus herederos cumplan con su voluntad debido a que tiene la sospecha de que no se van a entender, que puede haber un conflicto subterráneo y que su voluntad no será respetada por parte de sus herederos. Y, como se ha visto, Cisneros tenía razón.
Y aunque supuso que cualquier guerra posterior a su muerte era posible, no preparó a nadie para la sorpresa de la magnitud de sus deudas. Porque si bien la suya es una de las fortunas más grandes de América Latina, era de prever que, con una estructura empresarial tan compleja, él habría tomado la previsión de armar un sistema gerencial que permitiría la supervivencia del grupo.
Pero pareciera que una de las fortunas más grandes de América Latina puede ser una de las deudas más grandes de América Latina, porque la magnitud de la deuda que comienza a destaparse gradualmente, nadie se la imaginó. Y entre esas deudas, está casi en primer lugar la que mantiene gracias a Pdvsa, porque Cisneros fue favorecido con la venta de Petrodelta, la más grande plataforma de la zona. Una operación que, como publicó en 2016 el Wall Street Journal le costó a Cisneros un millardo de dólares. Mil millones de dólares pagados por el empresario justo cuando el gobierno de Hugo Chávez buscaba captar fondos para impulsar la capacidad de producción de crudo en el corto plazo. Compro siete gabarras, trajo a personal especializado, se endeudó confiando en que la industria petrolera iba a crecer.
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